La portavoz socialista de Dependencia, Marisol Mateos, señala que el Gobierno del PP ha llevado a cabo una “cruel estrategia que ha posibilitado el desmantelamiento de la Ley de Dependencia” y a su juicio es más que necesario “salvar la Ley” y “garantizar los derechos de los dependientes”, desde “Pacto Social Urgente” y “con una financiación adecuada”.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Propuesta de Impulso en el Parlamento de Extremadura en la que propone Impulsar un PACTO SOCIAL URGENTE por la protección de la DEPENDENCIA. Igualmente, la iniciativa reconoce la necesidad de impulsar la constitución de un grupo de trabajo con representantes de los grupos parlamentarios, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo para realizar una evaluación sobre el impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, analizando su aplicación, las modificaciones llevadas a cabo, sus resultados, sus disfunciones, y su incidencia en la economía y el empleo en nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura.
La portavoz socialista, Marisol Mateos insiste que es vital, para garantizar el cumplimiento de la citada ley, “reforzar la financiación autonómica destinada a garantizar la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. E insiste, como se ha indicado en repetidas ocasiones, que hay que “recuperar de forma urgente el calendario y consiguiente desarrollo la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia”.
Mateos recuerda que el PP de Rajoy “paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicios; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones”.
Además –subraya- se ha producido “un gran retroceso en la financiación estatal del sistema”, ya que “de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013”, mientras que la aportación de las Comunidades Autónomas “ha crecido del 50,8% al 62%” y “el copago de los usuarios casi se ha duplicado”.
Sobre este particular, la portavoz de Dependencia, recuerda que el pasado 23 de julio de 2014, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados registró una Proposición no de Ley para promover un gran acuerdo que garantice la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Hecho, que coincide con esta iniciativa que se recoge en el documento de la Agenda del Cambio, programa alternativo de gobierno que presentó Guillermo Fernández Vara en la moción de censura, siendo este uno de sus compromisos dentro de la Agenda Social.
