A pesar de las reformas y las mejoras importantes de los últimos años orientadas a equiparar la protección social de los autónomos con el conjunto del trabajadores, es cierto que el sistema de la Seguridad Social sigue siendo una fuente de insatisfacción para la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. La crisis, que ha llevado al paro a centenares de miles de autónomos, y determinadas decisiones impositivas del Gobierno del Estado, han agravado este sentimiento de injusticia y agravio comparativo.
Y realmente los autónomos tienen razones para estar insatisfechos e indignados: las bases mínimas de cotización en la Seguridad Social se han incrementado sustancialmente. La prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos, no ha funcionado, y la cobertura económica de la baja por enfermedad y maternidad no son suficientes en la mayoría de las ocasiones. Y la posibilidad legal del trabajo autónomo a tiempo, que tenía que entrar en vigor en el año 2013, ha sido suspendida por el Gobierno del PP.
En paralelo, todo indica que durante los próximos años el número de personas que opten por emprender sus propios negocios será cada vez mayor. Las demandas de flexibilidad en el mercado de trabajo y una mayor desregulación de las relaciones laborales empujan el crecimiento del trabajo autónomo. Aquí y en toda Europa. Voluntariamente en muchas ocasiones, pero también de manera forzada en muchas otras. Desde este punto de vista, para centenares de miles de personas la protección ante los riesgos asociados al trabajo será cada vez más relevante.
La cuestión, pues, de cómo proteger a los autónomos ante los riesgos de perder el trabajo, ponerte enfermo, tener un accidente, ser padre o madre o el hecho de poder jubilarse y seguir ganándose la vida seguirá siendo fundamental y todo un reto para los régimenes de la Seguridad Social. Y no sólo hay el riesgo de que la insuficiencia de la cobertura social se agrave y afecte a más personas, sino que también se producirá en situaciones más diferentes y a menudo alejadas de la idea que durante muchos años hemos tenido de los autónomos.
No se trata ya únicamente de pequeños empresarios, comerciantes o profesionales liberales, sino también de profesionales externos directamente vinculados a proyectos empresariales con los que los autónomos colaboran en red pero también en situación de dependencia.
Para muchos de estos trabajadores, el esfuerzo contributivo vinculado a la Seguridad Social es excesivo, especialmente en tiempo de crisis o cuando se emprende un nuevo negocio; para la mayoría, singularmente en materia de pensiones de jubilación, la protección que se genera, después de años de duro trabajo, acostumbra a ser claramente insuficiente. Toca pues afrontar una reforma integral de este sistema de protección social que afecta a más de tres millones de cotizantes por todo el Estado y a más de medio millón en Catalunya, un número que, además, sabemos que seguirá creciendo. El régimen de cotizaciones y prestaciones de protección social del trabajador autónomo ha quedado desfasado, eso es un hecho, y hay que repensarlo.
La reforma integral del régimen especial de la Seguridad Social de los autónomos debe tener como núcleo central la pensión de jubilación. Hoy la situación es claramente insatisfactoria, tanto para los autónomos como para las finanzas de la Seguridad Social. Para los autónomos porque el hecho de cotizar por la base mínima les acaba generando una pensión muy baja cuando se jubilan. Así, la pensión media de jubilación de los autónomos el año 2013 fue de 598,3 euros mensuales contra la pensión media de los trabajadores por cuenta ajena, que fue de 956,19 euros mensuales. Estamos hablando de un 36% menos.
Al mismo tiempo, para aquellas personas, jóvenes o no, que deciden emprender un nuevo negocio, la cuota mínima a satisfacer, durante los primeros años de su actividad empresarial, es un grave problema. Prueba de ello es el pobre 9% del colectivo de autónomos representado por los jóvenes trabajadores por cuenta propia menores de 30 años. Para otros la insatisfacción ha sido el resultado de sufrir las consecuencias de la crisis, y para otro grupo de trabajadores autónomos el problema se presenta cuando, en la práctica, su actividad económica es a tiempo parcial. Para todos ellos la invitación a incorporarse a la economía sumergida es muy clara y tentadora. Pero es que, además, todas las reformas aprobadas durante los últimos años en materia de pensiones, orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de protección social, refuerzan el carácter contributivo del sistema aumentando el periodo de tiempo cotizado que se considera a efectos de calcular la correspondiente base reguladora para determinar la cantidad económica a percibir. En resumidas cuentas, ya no se vale cotizar más los últimos años para tener una mejor pensión.
Todo ello también es un problema para las cuentas de la Seguridad Social; los ingresos de los autónomos no son suficientes para garantizar el pago de las pensiones de los jubilados de este régimen; son las cuotas de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social lo que las garantiza. Y no es casualidad que sea así, dado que más del 80% de los autónomos cotizan en los mínimos.
La propuesta que las organizaciones de autónomos, demandas que se han planteado en la plataforma de peticiones Change.org y que también estamos defendiendo desde varios grupos parlamentarios en el Congreso, entre ellos CiU, es que los autónomos tengan una cuota progresiva en la Seguridad Social vinculada a sus ingresos. Una cuota a satisfacer que tenga la flexibilidad suficiente para permitir adaptar el esfuerzo contributivo económico del autónomo a su ciclo económico y que al mismo tiempo estimule un mayor esfuerzo contributivo para generar mejores pensiones de cara al futuro, un esfuerzo que tiene que quedar claramente compensado con unas prestaciones sociales al trabajador autónomo bien equiparables a las que se derivan del régimen general.
