El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha explicado las gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno regional para contrarrestar los efectos del veto ruso que afecta a la fruta que se produce en nuestra Comunidad Autónoma.
En primer lugar señaló que el hecho de que los productores de ciruela reciban compensaciones es una como demostración de que el Gobierno de Extremadura ha estado trabajando duramente por conseguir este propósito desde el principio y que “tiene peso en Madrid”.
Los fondos destinados a compensaciones por la retirada de frutas del mercado ante el veto ruso son un total de 125 millones de euros, de los que 82 se destinarán a productores de manzana y pera, y la cantidad restante, 43 millones, a otros productos, entre ellos la ciruela.
El consejero ha concretado que las ayudas serán de 34 euros por cada cien kilos en el caso de la retirada y distribución gratuita de la fruta (0,34 euros por kilo), y de 20,4 euros por cada cien kilos (0,204 euros por kilo) para otros destinos de la producción frutícola, como por ejemplo el consumo animal.
Además de la inclusión de la ciruela ente los productos que recibirán compensación, la propuesta extremeña incluía, y se han aceptado, cuestiones como que estas ayudas las recibirán no sólo las OPCH sino también los agricultores a título principal, con carácter retroactivo desde el 18 de agosto al 30 de noviembre.
Echávarri ha destacado que por primera vez, ante una crisis del mercado agrícola, se han logrado las propuestas extremeñas, por lo que se constata, según ha manifestado, que las cosas se han hecho bien estando Extremadura a la cabeza de las reivindicaciones y contando con la unión de los productores y que las formas de negociar, buscando aliados en Europa, han sido las adecuadas al caso.
El consejero ha anunciado una reunión de los consejeros de las comunidades autónomas con la ministra, mañana miércoles, para concretar más detalles referentes a las ayudas a la fruta y en la que Extremadura pedirá celeridad en la aplicación de las medidas adoptadas.
CONSEJO DE GOBIERNO
La vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, ha informado también de otros asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, entre los que destacó la autorización para la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (Laboratorio de Radioactividad Ambiental) en materia de prevención de inundaciones, al que el Gobierno regional destinará 135.000 euros.
El convenio tiene como objetivo el desarrollo de una nueva red de predicción, prevención y alerta de emergencias, en este caso para la prevención y detección de inundaciones, así como el desarrollo de un aplicativo de control para las cuencas del Guadiana y el Tajo y sus principales afluentes.
Esta nueva Red Inteligente de Alertas tempranas en emergencias (su nombre será RED SPIDA, Sistema Inteligente de predicción y detección de alertas e Inundaciones) forma parte de la segunda fase del proyecto ‘Implantación de Redes de Alertas Tempranas en la región Euroace (Alentejo Centro y Extremadura) del programa de cooperación transfronteriza POCTEP y se une a otras ya constituidas y en marcha como la de Alertas Radiológicas y la red Meteorológica de Prevención y Extinción de Incendios.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Cultura la firma de un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para desarrollar un sistema de información geocientífica a través del cual se analizarán unos 350 elementos relacionados con la arquitectura defensiva en Extremadura.
Se trata de un sistema de información geográfica pionero que se desarrollará por primera vez en Extremadura y servirá de base para aplicarse en un futuro en los distintos planes nacionales que promueve el Instituto de Patrimonio Cultural de España, tales como el plan de arquitectura defensiva o el de catedrales, entre otros.
Este proyecto piloto se desarrollará en Extremadura al comprender un ámbito geográfico suficientemente representativo tanto en extensión como en riqueza patrimonial. De este modo, los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España –organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad– junto con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural diseñarán un prototipo de sistema de información geocientífica aplicada al patrimonio arquitectónico monumental (SIG/PAM).
Entre otros aspectos, se elaborará una carta de riesgos de este patrimonio que repercutirá de forma muy positiva en la conservación preventiva.
