Se aprueba la tramitación en proyecto de ley de urgencia para la Renta Básica de Inserción

El pleno parlamentario de la Asamblea de Extremadura aprueba con los votos favorables de los grupos del Partido Popular e Izquierda Unida y con los votos en contra del PSOE y de PREX-CREX.

La propuesta del Grupo Popular de modificar la Ley de Renta Básica será debatida como proyecto de ley por el proyecto de urgencia en el parlamento autonómico. Un procedimiento que permitirá a los grupos parlamentarios introducir enmiendas.  Una modificación que ha sido aprobada con los votos a favor de los diputados populares y de IU y con los votos en contra del PSOE y del PREX_CREX.

El debate parlamentario lo abrió la diputada del PP Rosa Romero, quien destacó que con este nuevo tramite se pretende lograr el consenso entre todos los grupos parlamentarios. Destacó la Ley de Renta Básica es una de las más importantes y con estos cambios se pretende mejorar la ley que fue aprobada en el 2.013 y que ha permitido reconocer este derecho a más 3.500 ciudadanos.

Romero apeló a la responsabilidad política para sacar adelante este derecho que es esperado por los ciudadanos.  

En alusión al PSOE, ha recordado que la conversión en proyecto de ley del decreto «da la oportunidad de demostrar que les preocupa las personas que lo están pasando mal y no los intereses electoralistas»; al tiempo que ha pedido que «dejen de pensar en el rédito electoral que puedan sacar o no, y arrimen (el PSOE) el hombro» para articular «una buena ley de Renta Básica».

Por su parte, la diputada del PREX-CREX, Fernanda Ávila, respondió a Rosa Romero que su grupo a través de este decreto rompe con el «consenso» que hasta el momento han logrado todos los grupos políticos en esta ley. Una ley que según destacó, «se modificó en Junio» y ha funcionado. Destacó que su grupo votará en contra porque «no pueden perjudicar a los ciudadanos». En relación al decreto destacó que con estas modificaciones sólo va a dificultar el acceso a los ciudadanos y va a disminuir la cuantía, por lo que acusó al Partido Popular de estar más pendiente de los intereses del partido que de los propios ciudadanos, pensando únicamente en «las elecciones de 2.015».

Por su parte, el diputado de IU, Pedro Escobar, destacó que este decreto y este debate sólo refleja «el fracaso colectivo de todos», el reconocimiento y trámite de las 3.500 solicitudes «está muy lejos de lo que se pensaba», a pesar de ser, la del 2.013, una ley defendible en el Parlamento.

Destacó que esta modificación debe ser debatida y consensuada, su grupo no está de acuerdo con el método, en relación al Decreto destacó que «fue una ley aprobada por todos y merece consenso».

En cuanto al contenido, Escobar destacó que hay que debatir y presentar enmiendas porque hay «zonas oscuras que deben ser aclaradas». Su grupo está dispuesto a mejorar la ley, sobre todo para «mejorar los procedimientos», pero no aceptarán ningún recorte sobre ley original.

Por su parte, la diputada del PSOE, Isabel Gil Rosiña, destacó que su grupo se opone a este trámite porque está ley sólo va a traer «pobreza y miseria en la región».  No entienden que un año después de lograr el consenso en la ley original, ahora «la tiren a la basura».

Para el partido socialista, este reforma convierte a este derecho subjetivo en una subvención o una limosna, los ciudadanos «no pueden esperar a la convocatoria para llenar la nevera», destacó.

Para Gil Rosiña, la ley original «no ha fallado» sino que «ha sido el Gobierno» y fruto de ello es que han pasado 4 consejeros distintos en política social.

   «Aceptar que este decreto de ley pueda tramitarse como proyecto de ley es aceptar que un gobierno en minoría como el del PP no sólo miente a los ciudadanos sino que burla el trabajo de un parlamento», ha subrayado la socialista, quien ha considerado que el PP «lo que hace es un esperpento». «La fórmula del decreto ley es una cuestión específica de urgente necesidad», ha aseverado en alusión a la petición de «consenso» por parte del PP.

Sin duda, la conversión en proyecto de ley por la vía de urgencia para la Renta Básica fue uno de los temas más debatidos y analizados en esta primera sesión plenaria del VIII Periodo de Sesiones de la VIII legislatura.

COMPARECENCIA EN EL PLENO DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Además de este debate, en el Pleno Parlamentario compareció la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales,  para informar sobre el inicio del curso escolar 2014/2015. La Consejera ha reiterado que los libros de textos están garantizados y que las ayudas a este material se dará a los centros educativos para que sean sus profesionales quienes, conociendo «las necesidades» los repartan.

De esta foma se ha pronunciado Trinidad Nogales en el pleno del Parlamento extremeño respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Gómez Yuste, sobre cuándo piensa la Junta de Extremadura pagar a las familias extremeñas las ayudas para adquisición de  los libros de texto.

Trinidad Nogales ha asegurado que el Gobierno extremeño «ha reforzado las becas y las ayudas con más de siete millones de euros», en su preocupación por la «igualdad de oportunidades», y ha «dotado de más de 4,3 millones de euros para libros y material».

 Por su parte, el socialista Antonio Gomez Yuste ha señalado que «muchas familias en Extremadura lo están pasando mal» y sufren «verdaderas calamidades», que además de estar «atrapadas en esa maraña de la renta básica» también están esperando las ayudas a los libros de texto.

   «La vuelta al cole de estas familias no será fácil, accesible y en condiciones de calidad», como a su juicio debería ser en la educación pública, ha señalado el diputado socialista, quien ha reclamado a la consejera que «no le eche más jarros de agua fría» a estas familias.

  Gómez Yuste ha lamentado la «absoluta dejación de funciones» de la consejería, que «ha pasado la responsabilidad del cambio de los libros de texto a los directores de los colegios».

   El diputado socialista ha calculado que las familias extremeñas deberán realizar un desembolso medio de unos 250 euros en libros de texto, lo que supone «una carga económica adicional que no se pueden permitir», y recibirán una ayuda de unos 60 euros, «que no llegará ni para un par de libros», ha lamentado.

  «No lo van a recibir todos los alumnos que lo han pedido, ni todos los colegios van a recibir la cantidad que hayan pedido», ha alertado Gómez Yuste, quien ha asegurado que las familias este año «no se quedarán sin libros», pero no por el gobierno del PP, sino «por la caridad y la solidaridad de las organizaciones».

PROPUESTAS DE IMPULSO.

En otro orden de cosas, el pleno parlamentario también debatió sobre varias propuestas de impulso.

La primera de ellas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, fue aprobada por el pleno, fue en relación al desarrollo del Plan de Recursos Humanos recogido en el Acuerdo de la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura y el reconocimiento y categoría profesional para la adaptación de competencias dentro del mundo rural y natural.

La segunda propuesta, propuesta por el Grupo Mixto PREX-CREX, en relación de la modificación de la legislación relativa a zonas protegidas, de modo que la protección de las mismas venga exclusivamente determinada por criterios de rareza, singularidad o excepcionalidad fue denegada por los votos en contra del PP, PSOE e IU.

La tercera propuesta, realizada por el PSOE, instaba a la Junta de Extremadura a poner en marcha las medidas necesarias para que los Centro de Profesores y Recursos quedan adscritos a las Escuelas Oficiales de Idiomas, con el fin de facilitar la formación del profesorado en lenguas extranjeras y les permita alcanzar el B2. Una medida que descongestionaría las aulas de las Escuelas Oficiales de Idiomas permitiendo el acceso a un mayor número de alumnos. Una propuesta aprobada con los votos del PSOE, PREX_CREX e IU.

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA

El Parlamento de Extremadura ha aprobado, con los votos favorables  de los tres partidos de la oposición, PSOE, IU y PREx CREx, una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Gobierno central a ampliar el subsidio de desempleo a parados de larga duración con cargas familiares y a otros colectivos.

Se trata de una medida con la que se pretende recuperar el nivel de protección al desempleo en España antes de la crisis económica, según ha defendido Miguel Bernal, el portavoz de Empleo del Grupo Socialista.

Según destacó, en los seis años de crisis alrededor de 80.000 personas han perdido su empleo en Extremadura, al tiempo que se han generado «bolsas de pobreza» con niveles, ha dicho, desconocidos en la región desde hacía mucho tiempo. Asimismo, ha señalado que hay 60.000 personas en esta comunidad que no perciben prestación alguna a pesar de estar desempleadas, una situación que se agrava, ha dicho, con el paso del tiempo.

Bernal, quien se ha referido a la existencia de 150.000 desempleados en Extremadura, ha reclamado la puesta en marcha de «mecanismos» que permitan a estas personas «vivir con dignidad».

Por este motivo, ha planteado esta propuesta de pronunciamiento de la Cámara autonómica extremeña por la que insta al Gobierno central a modificar de forma «inmediata» la Ley de la Seguridad Social para que a partir del 1 de agosto de 2014 se amplíe la protección por desempleo en su nivel asistencial a todos los desempleados que lleven inscritos en lo servicios públicos de empleo más de un año, y que tengan cargas familiares.

La medida beneficiaría asimismo a otros colectivos como las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con una incapacidad reconocida del 33%, así como a los parados de más de 45 años tras agotar la Renta Activa de Inserción.

Una medida que contó con el apoyo de los otros grupos de la oposición, así el diputado de IU, Pedro Escobar, ha señalado que la situación de muchos extremeños desempleados de larga duración es «prácticamente insostenible», y ha pedido a Rajoy que empiece a hacer políticas «en beneficio de la mayoría social».

La diputada de PREx CREx, Fernanda Ávila, que ha intervenido al igual que Escobar desde su escaño, ha considerado que la propuesta socialista es una medida que beneficia a los extremeños, al tiempo que ha subrayado que el papel del Gobierno es el de «amparar» a los más desfavorecidos.

Por el contrario, esta propuesta fue duramente criticada por el diputado popular Francisco Ramírez, recordando que es una medida del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien llamó «el nuevo Zapatero» al tiempo que ha señalado que con la ampliación de este subsidio los socialistas «vuelven a las andadas».

En este sentido, Ramírez ha defendido la estrategia del PP de incentivar «las políticas activas frente al subsidio», al tiempo que ha señalado que las nuevas políticas de empleo compaginan la formación y las medidas de protección de los desempleados, y asimismo ha replicado al portavoz socialista que Extremadura ya cuenta con un plan de empleo para parados de larga duración.