Los círculos Podemos de Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo, Guareña y Olivenza han asegurado que el «decretazo de modificación de la Renta Básica extremeña de Inserción sigue en vigor» y con él se transforma «un derecho en un privilegio que retrasa las solicitudes hasta nueva convocatoria del Gobierno».
Asimismo, tras lo sucedido el pasado jueves en el pleno del Parlamento, han afirmado que la tramitación de un nuevo proyecto de ley sobre Renta Básica «no representa la suspensión del decreto-ley», que está en vigor desde el 30 de agosto.
Además, significa «un claro retroceso en contra de la situación de necesidad de muchas familias en Extremadura», así como «no pagar todas las rentas básicas que se necesitan».
Este partido ha subrayado que como ciudadanos extremeños asisten «a un escenario político y mediático de informaciones confusas y contradictorias respecto al Decreto-Ley de reforma de la Ley Renta Básica de Inserción», aprobada por mayoría absoluta en el parlamento extremeño en mayo de 2013.
De esta forma, el colectivo ha querido, por un lado, «dejar claro su posicionamiento respecto a la nueva normativa» que ha puesto en marcha el Gobierno del PP.
También explicar a la ciudadanía qué es lo que pasa porque los movimientos políticos y parlamentarios lo único que provocan es «confusión y dudas, sobre algo que, ante todo, significa un perjuicio para la ciudadanía extremeña que necesita de una Renta Básica ya».
Podemos ha subrayado, sobre el decreto-ley aprobado el 26 de agosto y que, actualmente, «digan lo que digan, sigue en vigor», su «total rechazo» porque «no pueden apoyar un decretazo que transforma un derecho subjetivo en una mera prestación sometido al capricho del Gobierno».
Además, «retrasa las solicitudes hasta nueva convocatoria del Gobierno», rebaja las cuantías «ya de por sí exiguas», disminuye el número de posibles solicitantes y se deshace de las más de 15.000 solicitudes que aún no han sido tramitadas para conseguir la lista de espera 0″.
MÁRKETING POLÍTICO
Esta reforma está «pensada para, cerca de las elecciones, no tener que pagar todas las rentas básicas que se necesitan en Extremadura, sino sólo algunas», meses antes «con fines de márketing político».
Podemos ha matizado, respecto a «toda la confusión creada», que «el desconocimiento general» que tiene la ciudadanía sobre los procedimientos institucionales «es usado a menudo por algunos partidos políticos para intentar introducir su relato interesado de los acontecimientos».
En este sentido, tras la última jornada parlamentaria, las informaciones publicadas dicen que el Decreto-Ley por el que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción «está en vigor y a la vez no está en vigor o que una mayoría parlamentaria ha votado en contra del mismo y sin embargo éste no ha sido derogado».
Asimismo, para entender por qué según el partido político que de la noticia «la realidad puede llegar a ser contradictoria» y qué sucede «en realidad», deben «entender primero el procedimiento parlamentario».
De igual modo, ha explicado que «el Gobierno de Extremadura puede legislar mediante decretos-ley, es decir, aprobar normas con rango de ley provisionalmente», que posteriormente han de ser convalidadas por la Asamblea de Extremadura «por mayoría en plazo máximo de un mes».
DECRETO-LEY
Un decreto-ley, «popularmente conocido como decretazo», afecta a «la deteriorada calidad de la democracia, ya que implica que es el Gobierno, poder Ejecutivo, quien redacta una ley» y suplanta así a la Asamblea, poder Legislativo, con el hurto del debate parlamentario.
Además, «sólo se puede dictar cuando aparece una circunstancia extraordinaria y urgente», algo que creen que «no se da en este caso», pues el «colapso de la tramitación de la Renta Básica de Inserción era algo previsible hace tiempo» y que se podía solucionar con «más medios humanos y técnicos para su tramitación».
El Partido Popular, «ante la previsión de que la convalidación del decretazo no saliera adelante por el abuso y escándalo que suponía», decidió tramitar esta reforma, además como proyecto de ley, es decir, «un texto que se presenta en la Asamblea y al que los grupos parlamentarios pueden realizar enmiendas».
En este sentido, Podemos ha subrayado que «a la elección de este procedimiento legislativo se suma una maniobra consistente en que el Decreto-Ley y el Proyecto de Ley, ambos con el mismo contenido, se votan el mismo día, primero el proyecto, luego el Decreto-Ley.
El reglamento establece que de ser votado «afirmativamente el proyecto», como ha ocurrido, «no se realiza la votación del Decreto-Ley, por lo que éste directamente continúa en vigor».
Podemos ha señalado que «el objetivo del PP ha sido, claramente, conseguir el voto positivo de otro grupo parlamentario a cambio de dejar que éste realice posteriormente sus enmiendas».
TERRIBLE DAÑO
Asimismo, desde este partido político han afirmado que estas enmiendas «serán insuficientes para frenar el sentido regresivo de la ley, objetivo que parece, finalmente, conseguido» y cuya consecuencia inmediata es que se ha producido «un terrible daño al paralizar todo el procedimiento de la Renta Básica de Inserción».
De igual modo, ha reiterado que «es mentira que «el Decreto-Ley haya sido rechazado» o que «no esté en vigor», dado que ni siquiera se ha votado y, por tanto, la reforma sigue «adelante».
Una prueba de ello es que «no se puede solicitar la ayuda debido a las modificaciones introducidas con esta reforma» y al período de enmiendas que «la deja en suspenso».
RESPUESTA AL PSOE Y AL GOBIERNO REGIONAL
Podemos ha respondido al PSOE, que «ha afirmado que si llegan a gobernar devolverán la ley a la normalidad», «como si en sus treinta años de gobierno no hubieran hecho oídos sordos al derecho de la Renta Básica».
Además de ser la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica extremeña de Inserción un instrumento «muy insuficiente para cubrir las verdaderas necesidades de una cada vez más depauperada población extremeña».
Podemos también ha respondido al Gobierno Extremeño y a aquellos que aseguran que «la ley no ha funcionado», con la contestación de que, «si esta ayuda no se ha pagado ha sido por falta de voluntad política, no por errores técnicos».
La misma voluntad política «que falta para parar los desahucios» o aplicar «medidas que eviten el corte de suministros básicos en invierno a las familias».
Por todo ello, Podemos ha concluido que para que no engañen es «necesario el empoderamiento ciudadano que democratice la vida política, social y laboral en la sociedad, recuperar la soberanía y acabar con la corrupción, tanto ilegal como legal» que muchas veces se esconde en el acertado refrán “quien hizo la ley, hizo la trampa».
