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Los condenados por corrupción deberán responder patrimonialmente

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El Gobierno Extremadura lleva una propuesta que proponga al Gobierno Central la elaboración de una ley antisoborno, así lo ha presentado la Vicepresidenta y Portavoz del Gobierno, Cristina Teniente.

[Img #39817]Teniente ha destacado que con esta propuesta se consiga el «acuerdo del arco parlamentario» que responda a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos y «erradicar» la corrupción del conjunto de la sociedad.  

 

Se trata de un ley nacional, compatible con otras medidas, «que de un paso más en la transparencia y regeneración política». Según Teniente hay que dar un «paso más en el código pena» para limpiar «desde la raíz, caiga quien caiga.» Así propone elaborar una nueva ley  similar a la existente en otros países.

 

«la corrupción no es sólo una cuestión de los partidos políticos», destacó  sino que «hay que erradicarla del conjunto de la sociedad», Teniente ha añadido que la Ley Antisoborno de España sería «totalmente compatible» con la Ley de Transparencia actual y con las «muchas medidas» que «está preparando» en la materia el Ejecutivo nacional, así con las iniciativas que están elaborando también «otros» grupos políticos.

 

Una nueva ley que basa en «nueve puntos para combatir la corrupción en España» .

 

En primer lugar se pide la expulsión inmediata a los acusados de soborno, obligatoria en partidos políticos, patronal y sindicatos.

 

Además, todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones, entidades públicas o privadas deberán implementar un plan antisoborno.  Al mismo modo que los trabajadores que deberán firmar una declaración responsable.

 

El soborno que sea declarado por sentencia firme conllevará la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito, destacó Teniente.  Y los responsables serán los acusados del acto ilícito.

 

Así mismo, los condenados por corrupción deberán responder patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.

 

Se pide la ampliación a 10 años de cárcel, como Reino Unido, porque en España la pena es de 3 a 6 años.

 

Una nueva ley que ampliará el plazo de la prescripción del soborno para pasar de los 5 a los 10 años.

 

Por último, Teniente destaco que la financiación ilegal de Partidos Políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones deberá tipificarse como un soborno e incluirse en el Código Pean con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables.

 

Una ley que necesita, según Teniente de mayores recursos para el Poder Judicial. Destacó que así el Gobierno de Extremadura será el primer gobierno con una política antisoborno interna que será pionera y modelo para combatir y erradicar la corrupción. 


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