El PSOE exige la aprobación de un marco estable de financiación de la discapacidad y del tercer sector

Mateos recuerda que el Gobierno “no ha cumplido con el colectivo en la legislatura, no ha cumplido con 122.000 personas con discapacidad, el 11.5% de la población”.La socialista recuerda que también la ministra Ana Mato “eliminó y vació de financiación el Plan de Atención de Personas con Discapacidad”.La administración regional ha incumplido todos sus mandatos legislativos: Ley de Servicios Sociales, Ley de derechos, ley de discapacidad…

Representantes de personas con Discapacidad, CERMI, han trasladado a los dirigentes socialistas la “necesidad urgente” de avanzar en una legislación extremeña que permita a las personas con discapacidad y colectivos vulnerables su plena integración.

 

El Parlamento Extremeño tiene que ser la primera y mejor “herramienta” para lograr una región “más social y más igualitaria” que destine fondos para garantizar un verdadero “derecho subjetivo” a las personas con discapacidad.

 

De esta idea, según Mateos, crece la necesidad de un mensaje común para poder hacer efectivas las políticas relacionadas con la discapacidad, “legislar y dialogar“, bajo una “correcta Planificación Integral y Transversal”. No se puede abordar la discapacidad sin “desterrar” de una vez por todas la palabra “subvención”.

 

 

La portavoz socialista ha recordado la “necesidad” de la propuesta de los socialistas extremeños de conseguir “Marco estable de financiación de la discapacidad y del tercer sector”; gasto social garantista en los presupuestos públicos. Afirma que “derecho y discapacidad” son un binomio que se entiende como única expresión para alcanzar una plena integración social y una verdadera igualdad de oportunidades”.

 

La crisis y el actual gobierno autonómico “terribles verdugos” han impuesto un modelo de sociedad que normaliza la desigualdad. Estamos viendo como nuevamente, según pasan los años, las personas con discapacidad salen de nuevo a la calle. Estamos viendo como familiares y cuidadores, salen a la calle a reclamar sus derechos, a defender y pedir que se mantengan sus centros y servicios que hasta ahora les había ofrecido un completo bienestar.

 

La administración regional ha incumplido todos sus mandatos legislativos: Ley de Servicios Sociales, Ley de derechos, ley de discapacidad… No puede haber más aplazamientos para este importante sector.

 

Tristemente y tras los contactos directos con las entidades prestadoras de servicios a personas con discapacidad, está generalizada la constatada realidad de inseguridad en la financiación de los recursos, la tardanza en efectuar los pagos para su financiación, junto a las reivindicaciones constantes de los profesionales que prestan sus servicios en estas entidades y que siguen viendo en riesgo sus puestos de trabajo.     

 

Mateos, reclama la oportunidad y necesidad de “regular y financiar” correctamente los servicios destinados a este colectivo reconociendo expresamente el papel que estas entidades desarrollan y financiando con carácter ordinario o extraordinario las necesidades para una correcta atención. Y exige a la administración regional que evite cualquier posibilidad de que la actual red quiebre.

 

 

MEDIDAS PRIORITARIAS

 

  • Pacto por un modelo económico sostenible de atención a la discapacidad.
  • Desarrollo legislativo y normativo en un nuevo MADEX basado en la consolidación de derechos, caminando hacia la atención profesionalizada bajo las premisas de acreditación de centros y concertación de servicios.
  • Ley Autonómica de Derechos. No Discriminación de inclusión de la Comunidad de personas con discapacidad.

 

 

 

  • Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad.
  • Plan Autonómico de Acción a favor de la Mujer con Discapacidad.
  • Plan Autonómico de Promoción e Inclusión de las Personas con Discapacidad residentes en el Medio Rural.

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

RECORTES PARA LA DISCAPACIDAD.

 

Mateos explica que este colectivo ha sido uno “de los más afectados por los recortes estos tres años del Ejecutivo de Rajoy y Monago”. En ese sentido, describe que en esta legislatura Rajoy, “eliminado y vaciado de financiación el Plan de atención de personas con discapacidad”, con un recorte “del 46% en dependencia en los Presupuestos Generales del Estado” aumentando las situaciones de “desigualdad” entre las personas que sufren discapacidad y sus familias. Y es que también, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 confirman las agresiones al Estado del Bienestar perpetrado a lo largo de toda la legislatura.

 

Además, el Plan Concertado de servicios sociales, ha disminuido respecto a 2011 un 63,5 por ciento, recorte que se consolida en este proyecto. Un Presupuesto, el de 2015, que “evidencia el grave desamparo que estos recortes están produciendo en los colectivos más vulnerables de la sociedad española”

 

El Plan de Acción para Personas con Discapacidad que “sigue sin dotación, a pesar de los pomposos anuncios de la Ministra Báñez, anuncios no reflejados en este proyecto de Presupuestos”.

 

El señor Monago “sigue ignorando y desoyendo las necesidades urgentes que afectan a ciudadanos y ciudadanas que se han visto duramente afectos por los recortes en políticas sociales.

 

Exigimos un compromiso claro con la integración de los colectivos más desfavorecidos para avanzar en materia de igualdad de oportunidades.

 

Exigimos que se recomponga la arquitectura sobre la que creció y se desarrolló el sector de la discapacidad en Extremadura bajo el paraguas de la sostenibilidad y la estabilidad.

 

Los socialistas trabajaremos para eliminar la discriminación y la desigualdad, déficit hoy en nuestra democracia pese a “los palos en las ruedas que pone el Partido Popular”, ha sentenciado.