LA COSA VA DE CUERNOS

El diario EL PAÍS destapó este miércoles 19 de noviembre que dirigentes del Partido Popular de distintas Comunidades Autónomas, entre ellas Extremadura, habrían participado en cacerías en fincas de Ciudad Real invitados por constructores implicados en la denominada Red Púnica, esa que ha llevado  a la cárcel al señor Francisco Granados, ex número dos de la presidenta del PP madrileño y durante años presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. En la investigación realizada por los reporteros de EL PAÍS salen muchos nombres a relucir, pero nos vamos a quedar con dos, que son los que nos interesan: Pedro Acedo Penco, alcalde de Mérida, y Juan Ignacio Barrero Valverde, ex presidente del PP de Extremadura y del Senado, y que recibió un carguito como asesor en una de las empresas de la Red Púnica.

Que al alcalde de Mérida le gusta la caza lo sabemos desde hace años. Que su hijo, el abogado Pedro Acedo Cañamero, participaba siendo un chavalín en las aficiones de su padre, también. Con independencia de lo que piensen los ecologistas, la caza está considerada como un deporte en esta España nuestra de castañuelas y panderetas y, por lo tanto, no hay nada ilegal en irse un fin de semana a Ciudad Real a pegar cuatro tiros y a desayunarse migas y huevos fritos. El quid de la cuestión está en quién paga la cacería, cómo y por qué.

Pedro Acedo ha reconocido a EL PAÍS –primero lo negó—haber participado de esas cacerías pero como de tonto no tiene un pelo, imaginamos que sabría quién las organizaba y por qué era invitado a ellas. A mí, por ejemplo, a lo máximo que me han invitado es a comer a cambio de que hiciera un buen reportaje del restaurante en cuestión, es decir, que nadie da nada a cambio de nada. ¿Ha beneficiado Pedro Acedo, en su calidad de alcalde de Mérida, a empresas constructoras de la Red Púnica por esa amistad que se traba en este tipo de eventos? ¿Le pidieron los constructores que hiciera de mediador en operaciones sospechosas dado su poderío en el Partido Popular? ¿Tiene algo que ver el alcalde de Mérida con Francisco Granados al margen de coincidir con él en las cacerías de marras?

El alcalde de Mérida está obligado, primero, a someterse a una ronda de preguntas de los periodistas sobre este particular y aclarar las relaciones que pudiere tener con Francisco Granados y los demás implicados en el mayor escándalo urbanístico de pago de comisiones de los últimos años, y, segundo, ha de ordenar una auditoria interna, a cargo de una empresa independiente y solvente, sobre todas y cada una de las adjudicaciones de obras que ha realizado mientras ha sido alcalde de Mérida. De no atender a estas dos cuestiones, cabría pensar, ya que la imaginación es libre, que quien se junta con corruptos tiene igual condición.

Lo de Juan Ignacio Barrero Valverde es más peliagudo, si cabe, porque además de ser durante muchos años presidente del Partido Popular de Extremadura, ocupó el cargo de presidente del Senado, “la cuarta Magistratura del Estado”, como se encargaba de repetir para pavonearse delante de todo el mundo. Abogado no ejerciente –tardó décadas en terminar la carrera por la UNED—e hijo de una familia pudiente de Mérida, que le gustase la caza no es novedad alguna: lo había mamado desde pequeño. Pero lo grave es que aceptarse un cargo de asesor, con su correspondiente salario en una empresa de la Red Púnica. Aunque en su descarga ha declarado que jamás hubo de hacer trabajo alguno que no fuera el propio de oficina, ese cuento es el de Caperucita Roja y el Lobo Feroz.

Barrero Valverde, acostumbrado desde la cuna a la buena vida, es normal que quisiera continuar manteniendo su estatus y un asesor está para conseguir dinero o influencias a la empresa que lo contrata, si no, va a la calle a las primeras de cambio. Juan Ignacio Barrero, quien repitió hasta la saciedad que Juan Carlos Rodríguez Ibarra era un corrupto por los casos de Filesa y Malesa y que estaba llevando a la bancarrota a Extremadura, resulta que deja el Senado y se mete de asesor en una empresa constructora que, aun cuando la Justicia tiene que pronunciarse, es por lo menos sospechosa de haber pagado entre el tres y el cinco por ciento de contratos de obras a alcaldes y mandatarios del Partido Popular.

La cosa va de cuernos. De los cuernos de los ciervos que mataban en las cacerías organizadas por los constructores y de los cuernos que nos han puesto a todos los extremeños con prácticas que, si no son ilícitas, cuando menos son sospechosas. Por otra parte, y ya puestos en harina, Pedro Acedo Penco y Juan Ignacio Barrero Valverde tendrían que explicarnos de dónde ha salido todo el dinero que han gastado en los últimos veinte años en la compra de propiedades inmobiliarias. A no ser que el sueldo de alcalde y el de presidente del Senado sea mayor que el del presidente del Gobierno, todos en la calle nos preguntamos cómo es posible que Acedo tenga más de diez casas y fincas y que Barrero comprase y remodelase por completo un Palacete en Mérida, que era de su familia o de la de su mujer, situado en la esquina de la calle Romero Leal con la calle Alonso Zamora Vicente.

Ni un minuto deben perder ambos en convocar a la prensa y enseñar sus declaraciones del IRPF de los últimos veinte años, así como copias del Registro de la Propiedad sobre sus bienes y desmentir a los extremeños que, aunque las fotos los delatan, fueron a cacerías a cambio de hacer favores a terceros. Si guardan silencio estarán dando por válida la tesis de que quien calla otorga y que, además de cuernos y migas con huevos fritos, se trajeron de las cacerías en Ciudad Real una agenda repleta de contactos para hacer o no concesiones de obras a presuntos corruptos.