Delegados del Área Pública de CCOO Extremadura se han concentrado este martes a las puertas de la Presidencia del Gobierno regional para reclamar la restitución de los derechos y de los salarios de los empleados públicos, ya que según alertan, su sueldo se verá mermado en 2015.
El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, ha explicado que el Gobierno regional extremeño hace «un flaco favor» a los empleados públicos porque sus salarios, y las partidas que tienen que ver con la prestación de servicios «siguen congelados» y en muchos casos se han disminuido.
Carretero ha explicado que las partidas en Educación «están francamente rebajadas» en los Presupuestos Generales de Extremadura para 2015 y tienen crecimiento «negativo» con respecto al año anterior.
También ha manifestado que no se puede entender que con un aumento de siete puntos en las cuentas de la región para 2015, los servicios públicos no sobrepasen el tres por ciento.
Por tanto, esto supone una «caída real» respecto a la subida general de los presupuestos, y así, CCOO quiere «sacarle una tarjeta roja al Gobierno de Monago» por otro prejuicio más hacia los trabajadores y la ciudadanía en general.
47.000 EMPLEADOS PÚBLICOS
Carretero ha señalado que en el Gobierno de Extremadura hay actualmente 47.000 empleados públicos, que «dedican su trabajo, su tiempo, su esfuerzo» a tratar a las personas en el ámbito educativo, sanitario, de servicios sociales o de la dependencia, entre otros.
Por eso, ha considerado que una vez más se «maltrata» a la ciudadanía con este trato al empleado público, por lo que con esta concentración, CCOO «enseña tarjeta roja» al Gobierno «por los recortes efectivos» un año más a las plantillas, salarios y poder adquisitivo de los empleados públicos, con la repercusión que eso tiene sobre la ciudadanía extremeña.
Por su parte, el responsable del Área Pública del sindicato Francisco Jiménez ha insistido en que los empleados públicos en esta región tienen que ver a diario a una población extremeña que lo pasa mal, que «no tiene opciones de empleo», y que «acude a los servicios sociales saturados en busca de una renta básica que no llega».
De igual modo, ha criticado que esa ciudadanía va a colegios «con dificultades para pagar calefacción, pero que tienen pizarras digitales», y a hospitales «donde cada vez tardan más en atenderlos».
Las situaciones que viven a diario estas personas que acuden a los servicios públicos las tienen que «sufrir» los empleados que trabajan en ellos con condiciones «cada vez más deterioradas, con salarios congelados», y con el padecimiento de «la crisis y recortes de este Gobierno».
Finalmente, ha exigido al Ejecutivo «derechos, empleo público y digno» porque los servicios también tienen que ser de estas características para la población.
Por su parte, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Guillermo Barroso ha avanzado que presentarán más de 3.000 firmas de empleados públicos ante el Consejo de Gobierno para reclamar que se sienten «a negociar», y «revertir» todo lo que les «han quitado», en cuanto a derechos y retribuciones.
