Puntos negros en los derechos humanos en España

Este miércoles 10 de diciembre se conmemora internacionalmente el día de los derechos humanos. Los organismos internacionales, UE y ONU, y las ONG ponen el foco en España sobre las diez áreas grises en las que se vulneran derechos fundamentales.

1. Frontera Sur: Hace menos de un mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones. Naciones Unidas ha pedido a España que dé explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en 2015.

2. Desahucios: Mientras el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 47 de la Constitución Europea, solo en el primer semestre de 2014 el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue de 21.178, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su informe añade que se practicaron 18.749 desahucios, un 3,7% más que en el primer semestre de 2013, y más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Desde la plataforma Stop Desahucios, que calculan con datos del Banco de España en 26.500 las familias que se quedaron sin casa en el primer semestre del año, lamentan que «la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando» en España.

3. Pobreza infantil: El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, alertaba a mediados de año de que «la pobreza en España tiene rostro de niño» y que «en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual» y un sistema menos sostenible. A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef en junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es «más elevada, intensa y extensa» que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno. La pobreza en España tiene rostro de niño Angulo puso énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (27,5%), y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que «las familias grandes están penalizadas».

4. Tasas judiciales y Justicia Gratuita: La ley de tasas fue aprobada hace dos años solo con los votos del Partido Popular y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria, además del repudio de la mayoría de los actores jurídicos por entender que la norma consagraba el «modelo mercantilista» de la Justicia. Unos meses después el ministro de Justicia, entonces Alberto Ruiz Gallardón, accedió a recurrir algunas de estas tasas, a petición de la Defensora del Pueblo, pero para muchos sectores continúan siendo abusivas. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este otoño en su toma de posesión que se ampliará el número de beneficiarios de justicia gratuita y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que «nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos».

5. Violencia machista: En lo que va de año al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Un tercio de ellas había presentado denuncia previa por malos tratos. La mayoría solo tenía detectado riesgo bajo en el protocolo policial. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno se ha propuesto analizar los puntos débiles de la respuesta ante esta violencia machista, pero la aplicación de los cambios no va todo lo rápida que pudiera. De hecho, se anunció un nuevo protocolo de medición de riesgos en abril, que aún no está efectivo. También se dijo que se implementaría la justicia gratuita y la asesoría previa en las comisarías y juzgados para evitar la retirada de las denuncias y que las mujeres no declarasen en los procedimientos. Algo que todavía tampoco está en marcha. Un tercio de las mujeres asesinadas por sus parejas había denunciado maltrato

6. Exclusión sanitaria de los inmigrantes: El real decreto de los recortes sanitarios de abril de 2012 rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de «injusta», «ineficaz» e «insegura». [Tarjeta sanitaria] Esta año varias ONG han denunciado que España «ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del real decreto y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular». La Red Acoge ha lanzado este otoño una campaña con mucho impacto sobre la retirada de las tarjetas sanitarias, bajo el título ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos? El decreto solo permite la asistencia de menores, mujeres en el embarazo y parto, urgencias y víctimas de tratas que hayan denunciado.

7. Protestas ‘amordazadas’: La Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su andadura parlamentaria, con fuerte rechazo de toda la oposición, así como de las ONG que defienden los derechos humanos. La nueva versión de la ley, que suavizó ya el Gobierno, pretende legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Además, contempla varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones. Por este motivo, muchas voces la califican de ‘ley mordaza’. El PP ha registrado varias propuestas para «endurecer» la ley, como permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente; multar con hasta 600 euros el ‘top manta’ o ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.

8. Crímenes del franquismo: Hace un año una delegación española defendió ante la ONU en Ginebra que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del país la investigación penal de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU contestó que la prescripción de los delitos sólo se produce en el momento en que «la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad», y pidió al Estado español garantizar que así se cumpla. [Franco] Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que tomó posesión el Gobierno de Rajoy no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

9. Discriminación racial: El viernes 5 de diciembre SOS Racismo presentó su último informe anual, con datos de 2013, en el que la ONG recibió 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos: el racismo institucional, la denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda) y los abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada. El 60-80% de los casos de discriminación racial no se denuncian «Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian.

10. Abusos y torturas policiales: Este año se conmemora el 30 aniversario de la firma de la convención de la Tortura, y todavía son muchos los sectores jurídicos y civiles que denuncian que en España se producen abusos en los espacios de detención (comisarías, cuarteles, juzgados o prisiones). La Fundación Abogacía Española celebra esta semana unas jornadas sobre el tema, en las que presentará una guía para que los abogados sepan detectar y denunciar abusos policiales y torturas. Aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar Medio centenar de asociaciones, unidas en la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, presentaron el mes pasado un informe sobre los últimos diez años, en el que destacaban las 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país. «En España la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema», ha enfatizado el director de AI, Esteban Beltrán, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.