Estos días hemos sido espectadores de una película de terror, titulada: Ley de Seguridad Ciudadana.
Varios colectivos y la ciudadanía en general han salido a la calle a mostrar su asombro y desacuerdo por el contenido actual del proyecto de ley.
Es más incluso el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa se ha pronunciado advirtiendo sobre las restricciones a las libertades de reunión y expresión en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y la conculcación de este con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Nuestra Constitución Española dentro del Título de los derechos fundamentales garantiza el derecho de expresión (artículo 20) y la libertad de reunión pacífica y sin armas (artículo 21). Con la citada ley se restringirían el libre ejercicio de los mismos con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros.
Además el citado proyecto sanciona, entre otras, las siguientes actuaciones:
– Por difundir imágenes de la policía, entre 600 y 3.000 euros.
– Por hacer una asamblea en un espacio público, entre 101 y 600 euros.
– Legalización de listas negras de infractores, esto es, manifestantes, activistas, prensa alternativa…
– Por una asamblea o manifestación frente al congreso, de 600 a 30.000 euros.
Incluso, se permite a la policía expulsar directamente a las personas que hayan cruzado la frontera española, sin autorización judicial.
El objetivo de esta ley no es “garantizar la seguridad ciudadana”, sino limitar y reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación .
Ya desde el borrador de la ley casi hace un año, el Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana generó el múltiple rechazo de colectivos sociales, ciudadanos y el de órganos consultivos como el del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos.
Y como señalé al principio el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han criticado el contenido actual del proyecto de ley contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos y sin llevar a cabo ninguna modificación acorde a sus recomendaciones.
Entiendo como jurista que este proyecto de ley supone una clara violación de la Constitución, el Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La entrada en vigor de la ley en estos términos puede suponer un retroceso de casi 40 años en nuestros derechos civiles y políticos, y al igual que yo y mi generación que hemos vivido en una sociedad abierta, en libertad y con una serie de derechos, aspiremos a que nuestros hijos y sus generaciones puedan vivir con los mismos derechos y libertades que sus progenitores, y que tanto y tanto esfuerzo costó alcanzar a sus abuelos y abuelas, a nuestros padres y nuestras madres.
