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La nueva Ley de Función Pública plantea una reserva de un 10% del empleo público para personas con discapacidad

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La nueva ley de Función Pública de Extremadura, que se encuentra en tramitación en sede parlamentaria, contempla una reserva «mínima» del diez por ciento de las plazas para empleo público que se convoquen desde la Administración regional para personas con discapacidad y de este porcentaje, un dos por ciento se destinará a discapacitados intelectuales.

Además, en caso de no cubrirse las plazas, «se acumularán en reserva para futuras convocatorias».

  

Así lo ha indicado la directora general autonómica de Función Pública, Verónica Puente, quien ha destacado los «avances» en el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en esta legislatura, así como la ampliación del mínimo de reserva de plazas para este colectivo hasta el diez por ciento en «todas» las OPE.

  

Un compromiso –ha continuado– que adquirirá «rango» de ley con su incorporación al proyecto de Ley de Función Pública que actualmente se tramita en sede parlamentaria, según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de prensa.

  

Puente, que ha presidido el acto de presentación del informe Empleo Público y Discapacidad, realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Badajoz (Cocemfe), ha señalado también que «la integración y el apoyo» a las personas con discapacidad «es uno de los compromisos más firmes del Gobierno de Extremadura».

  

En este sentido, ha recordado que en 2012, el Ejecutivo extremeño elevó el mínimo de plazas reservadas para este colectivo «hasta el diez por ciento». «Un compromiso que se ha plasmado en las ofertas de empleo aprobadas desde entonces», ha asegurado.

 

«OBSTÁCULOS» PARA EL COLECTIVO

  

También ha incidido que Extremadura es «pionera» en este ámbito, así como que en el nuevo texto «no solo figura» la reserva «mínima» del diez por ciento, sino que además se indica que «al menos el 2 por ciento será para personas con discapacidad intelectual».

  

«No olvidemos –ha continuado– que el empleo público puede ser una de las opciones más relevantes para que una persona con discapacidad acceda a un puesto de trabajo», ha resaltado.

  

En esta línea, ha asegurado que «el deseo» del Ejecutivo autonómico es «ir más allá» y para ello «es necesario» conocer «más en profundidad» los «obstáculos» con los que se encuentran estas personas  «a la hora de acceder a las plazas reservadas, para poder removerlos cuanto antes», ha dicho Verónica Puente.

  

Algo que  también está incluido en la Ley de Función Pública y que alude la «necesaria cooperación» con las entidades que promuevan «la integración de estas personas a todos los niveles».

  

De ahí que apuntara como «muy positivos» estudios como los realizados por Cocemfe Badajoz, ya que permiten, según la directora general, «hacer una radiografía de los problemas con los que se encuentran las personas con discapacidad y adoptar desde la Administración las medidas necesarias para resolverlos y que los procesos selectivos sean un éxito».

 

Vía Europa Press.


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