La asociación UCE Extremadura ha pedido «un presupuesto digno» por parte del Gobierno regional para las políticas de consumo dentro de las 50 propuestas que, según apunta, ha presentado a cada uno de los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 24 de mayo.
Así, ha explicado que el presupuesto que el Gobierno autonómico destina a las políticas de consumo «debería aumentar de forma considerable», pues el actual se dedica «prácticamente en exclusiva a mantener el personal del Incoex y del Consorcio».
De esta forma, UCE Extremadura ha señalado en nota de prensa que en las próximas semanas comenzará, «si no lo ha hecho ya», la «precampaña» de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo, y durante ese tiempo, los distintos partidos políticos que concurren a ese proceso electoral presentarán sus programas con los que tratarán de convencer a los ciudadanos para que depositen en ellos su «confianza».
En este sentido, en la situación económica que «todavía» se padece, hay «asuntos capitales que requerirán de gran atención», pero también lo es que el día a día, la cotidianeidad «puede mejorar, y mucho, si las políticas de consumo dejan de ser una de las grandes olvidadas en los programas electorales».
La protección del ciudadano-consumidor «en sus legítimos intereses económicos», en sus derechos a la formación y a la información, en la «efectiva» puesta en marcha de mecanismos de resolución de conflictos «eficaces y ágiles es un deber de los poderes públicos que, en ocasiones, parecen olvidar» los gobernantes.
Por eso, y para contribuir a la construcción «de un marco de mayor protección para los ciudadanos-consumidores extremeños», la UCE ha presentado 50 propuestas en política de consumo a cada uno de los partidos políticos que concurren a las elecciones.
PROPUESTAS
Además de la que pide el aumento del presupuesto a políticas de consumo, UCE Extremadura ha propuesto evitar duplicidades porque existen actualmente en la comunidad autónomas ciudades en las que el ciudadano se encuentra con oficina de asociación de consumidores, o la municipal de información al consumidor.
También, con la escuela de consumo, o servicios de atención al consumidor del Incoex, y sin embargo, en otras zonas «muy amplias», no se tiene acceso a ningún servicio de atención al consumidor y «es necesario reorganizar esta situación y optimizar los recursos».
De igual forma, la organización ha propuesto una reforma en el estatuto del consumidor porque el vigente data de 2001 y es «necesaria su reforma en profundidad para adaptarlo a las actuales circunstancias del mercado y a las sucesivas reformas legislativas que se han producido en el ámbito europeo y estatal».
Así, han pedido que haya consejos municipales de consumo en ciudades de más de 15.000 habitantes con los que la participación «podría realzarse», según ha informado UCE Extremadura en nota de prensa.
También, han solicitado que se considera la adhesión al arbitraje de consumo en procesos de concesión, algo que «debería ser considerada como valorable en los procesos de concesión de servicios públicos o en los de contratación pública».
Asimismo, han propuesto un establecimiento de cauces «adecuados» para reclamaciones transfronterizas porque «es necesario que los extremeños que compren en Portugal» o los portugueses que compren en la región «dispongan de mecanismos adecuados y eficaces para resolver sus posibles reclamaciones transfronterizas».
FONDO PARA LA RECLAMACIÓN COLECTIVA EN CONSUMO
También, UCE ha señalado que casos como los de Opening o Helitt ponen «bien a las claras que es necesario, en ocasiones, afrontar una reclamación colectiva».
Sin embargo, «la escasez de medios de las asociaciones de consumidores lo impiden», por lo que sería conveniente abrir un fondo para «cubrir esos posibles gastos».
De igual modo, han pedido un arbitraje para preferentes de Liberbank porque la antigua Caja de Extremadura es la entidad «que mayor número de preferentes vendió» en la comunidad, «por lo que debería establecerse un mecanismo, similar al de arbitraje del INC», para resolver estos casos «sin obligar a los ciudadanos a acudir a los tribunales».
Así, entre esas medidas se recoge una intervención en cláusulas suelo para no financiar con esos bancos porque ninguna administración debería financiarse y, por tanto, generar beneficios, a los bancos que mantengan cláusulas suelo en sus hipotecas suscritas «tras la famosa sentencia del Tribunal Supremo».
También, UCE considera que «es necesario un reglamento para la inspección de consumo» que recoja el resarcimiento del daño y establezca el protocolo antes mencionado.
Además, se «debería hacer más hincapié en la posibilidad de reparar el daño» como circunstancia «que puede disminuir la cuantía de la posible sanción».
En este sentido, la organización de consumidores extremeña ha pedido entre sus medidas que se debería incluir en el currículo escolar una asignatura sobre consumo.
De igual modo, ha solicitado un órgano de intermediación eléctrica porque este sector se ha convertido en los últimos años «en uno de los que mayor conflictividad presenta», por lo que un órgano de interlocución permanente entre consumidores, administración y empresas «sería muy conveniente».
Vía Europa Press
