El Grupo Popular en el Congreso niega que el Muface esté en riesgo financiero y asegura que sólo se están detectando algunos problemas puntuales en las prestaciones que reciben algunos pacientes, por lo que ha rechazado la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca de forma extraordinaria en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre este asunto.
Así lo ha explicado el portavoz del PP de Administraciones Públicas en la Cámara Baja, Juan José Matarí, durante la reunión de la Diputación Permanente –el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones– en la que PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con apoyo del Grupo Mixto, han solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda para tratar la situación de la mutua de funcionarios.
«Cómo les gusta intentar aprovecharse y utilizar en su beneficio político las situaciones en las que, con carácter excepcional, algún funcionario pueda sentirse desprotegido. La preocupación, angustia o desasosiego que un enfermo pueda sentir por sus prestaciones sanitarias es siempre comprensible, y por descontado que nos preocupa y nos ocupa. Lo que no es comprensible, ni razonable, ni ético es que siempre intenten aprovecharse de estas situaciones», ha reprochado Matarí.
MUFACE «NO ESTÁ EN PELIGRO»
A renglón seguido, el diputado andaluz ha negado que la mutua de los funcionarios haya recortado prestaciones o esté «en peligro», alegando que sólo existen problemas puntuales con el concierto de 2015 en los que el Gobierno ya está trabajando «intensamente». «Pero los mutualistas tienen derecho a recibir la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con todas sus especialidades y sin ningún tipo de copago o aseguramiento complementario», ha remachado.
En este sentido, ha recordado que el convenio fija las condiciones en las que las cuatro aseguradoras deben prestar la atención sanitaria, otorgando un plazo de seis meses para enfermedades graves y de un año para cáncer y patologías psiquiátricas para seguir utilizando los recursos que han dejado de estar concertados.
Finalmente, Matarí ha negado que se esté produciendo un «ahogo financiero» de la mutua, defendiendo que su presupuesto es «equilibrado», con 1.613 millones de euros este año (un 1,58% más que en 2014) y que las aportaciones del Estado se han incrementado en los dos últimos ejercicios, con lo que la ratio de gasto es mejor ahora, con 890 euros por funcionario, que en 2011, cuando se quedaba en 877 euros.
