La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha pedido cuentas al Gobierno por no haber recurrido el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha abierto la puerta a que Instituciones Penitenciarias dé permiso a familiares de presos de ETA para introducir cámaras fotográficas en las cárceles para fotografiarse con sus allegados lo que, a su juicio, supone un riesgo para la seguridad.
En el escrito que ha registrado en la Cámara Baja,Díez recuerda que está prohibido introducir móviles, tabletas y ordenadores en los centros penitenciarios por motivos de seguridad y que, por tanto, permitir el uso de cámaras por parte de familiares de condenados por su vinculación por ETA «contravendría el reglamento penitenciario y el protocolo de seguridad de los centros».
La líder de la formación magenta explica que los centros penitenciarios han optado por emitir órdenes de seguridad «por cuenta propia» sin «coordinación alguna» para dar cumplimiento al auto de la Audiencia Nacional. Y pone como ejemplo que en la cárcel de Huelva un funcionario de prisiones se encarga de entregar la cámara a los familiares cinco minutos antes de que termine la visita pero «sin llevar a cabo control exhaustivo alguno sobre su contenido».
Díez se hace eco de la preocupación que esta situación genera en los trabajadores de los centros penitenciarios puesto que no tienen garantías de que las cámaras «puedan estar manipuladas» y puedan «causar un peligro inminente a la seguridad del establecimiento» como un incendio provocado.
CONTROLES ADICIONALES
Hace dos semanas, el sindicato de funcionarios CSIF denunció que familiares de presos de ETA han utilizado este tipo de dispositivos al menos en las prisiones de Huelva, Monterroso (Lugo), Puerto de Santa María (Cádiz) y Badajoz.
Por todo ello, la líder de UPyD quiere que el Gobierno le aclare si sólo se permite el uso de estas cámaras a familiares de presos de ETA o si pueden utilizarlas los de todos los reclusos, si tiene intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si piensa llevar a cabo «controles adicionales» sobre las cámaras que porten los visitantes y por qué Instituciones Penitenciarias no ha enviado una instrucción sobre este tema que sirva para «unificar criterios».
