El Parlamento aprueba la ley de Servicios Sociales

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Los votos favorales del PP, PSOE y Prex-Crex, y la abstención de IU han sacado adelante la ley de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Un texto que incorpora 16 enmiendas del PREX-CREX, 21 del PSOE, 3 del PP y las enmiendas presentadas por IU.

[Img #42406]El diputado relator, Francisco Macías, destacó que al debate del dictamen final de la ley de Servicios Sociales propuesta por el Grupo Popular recibió 95 enmiedas: 52 del PSOE, 5 de Izquierda Unida, 34 del Prex-Crex y 4 del PP, reservándose 92 para su debate en el día de hoy.

 

La ley contó con críticas de la oposición, así la diputada del PREX-CREX, destacó que su grupo había presentado las enmiendas para incorporar las peticiones que los colectivos habían realizado en las diferentes comparecencias, unas enmiendas que según destacó ” son necesarias para mejorar esta ley, tan importante para los ciudadanos que  tiene que ser aprobada con claridad y no dejar ciertas dudas o lagunas interpretativas”, acusando que puede ser  “la antesala de la privatización de los servicios sociales”.  

 

Del mismo modo quieren mejorar y ampliar los conceptos para que con esta ley se llegue a más funciones a través de la Atención Social Básica .  Con sus enmiendas se quiere que el “sistema de Servicio Social no esté dirigido de forma directa a personas en exclusión social sino a toda la ciudadanía”. Así mismo, sobre el ratio, destacó que la Junta deber garantizar un trabajador social “por cada 3.000 habitantes”.

 

Por su parte, la diputada socialista, Consolación Serrano, destacó que su grupo ha presentado enmiendas porque esta propuesta ley “adolece de participación y del diálogo social previo al trámite parlamentario” sin contar con los criterios que aseguren “la financiación y las competencias sociales”.

 

Según Serrano, es una propuesta “que abre la puerta a la privatización”, pero que su grupo “cerrará” con estas enmiendas para garantizar los “derechos de las personas” incluyendo la protección a la discapacidad, a las enfermedades graves y enfermedades raras.

 

Asegurando que la prestación de los  servicios sociales recaiga en la Administración Pública como “garante de sus derechos”.

La diputada Popular, encargada de defender las enmiendas de su grupo, Felisa Cepeda, destacó que esta ley “no es la antesala de la privación” destacando que su grupo ha dialogado con agentes básicos en la materia destacando que el PP quiere dar todo el valor al trabajo que se está realizando desde el tercer sector.

 

Sus enmiendas han ido encaminadas a “enriquecer una  propuesta de ley que desde el inicio es buena ley”.

 

Por su parte, el Coordinador General de IU, Pedro Escobar, destacó que “no es mala ley” porque “la vieja y caritativa” asistencia social pasara a la historia, pese a que no es la ley “que ellos hubieran hecho.

 

Destacó que este sector es muy heterogéneo, puesto que no es lo mismo la situación de los Servicios Sociales centrales que trabajar en un pueblo o una mancomunidad alejada donde “dependen del alcalde o presidente” para continuar su trabajo. Por lo que defienden que en los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes los trabajadores sociales dependan de la “Consejería Correspondiente”, destacó.

Por otro lado, también solicitó “blindar” el presupuesto para llegar al 12% en 4 años  de los recursos de la Comunidad para financiar los servicios, finalmente aceptó la enmienda transaccional del PP para llegar al 10% en tres años.

 


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