El secretario general de CCOO, Julián Carretero, ha insistido en que el sindicato no ha cometido ningún fraude en los cursos de formación para ocupados de la convocatoria de 2011, de la cual ha señalado que aún no se ha liquidado ni cuenta con una resolución definitiva, por lo que considera que se trata de una maniobra del presidente extremeño, José Antonio Monago, por «desviar la atención».
Ha reiterado asimismo que el sindicato se pone a disposición de la Fiscalía para que compruebe toda la documentación relativa a la convocatoria de los cursos.
En esta línea, ha señalado, como ya adelantara este jueves, que toda la documentación de la convocatoria están desde este viernes a disposición de los medios de comunicación en la sede de FOREM en Badajoz, así como ha repetido que el sindicato se está planteando la defensa de su honorabilidad en los tribunales.
Al respecto, ha resaltado que «no se puede destapar ninguna cosa que no está cerrada», en referencia a que la convocatoria a la que se refiere la denuncia realizada por el Gobierno de Extremadura, aún no ha sido liquidada ni cuenta con una resolución definitiva del proceso.
En este sentido, ha insistido en que la propia Administración regional aún adeuda al sindicato un total de 395.000 euros de los 1,8 millones de euros correspondientes a esta misma convocatoria.
Carretero ha explicado que el sindicato realizó una serie de alegaciones a un informe provisional de las cuáles no ha tenido notificación alguna hasta conocer este jueves la decisión del Ejecutivo extremeño de llevar a la Fiscalía el asunto por considerar que hay indicios de delito.
Por todo ello, considera que esta denuncia responde a una cuestión «muy sencilla y muy clara», y que no es otra que «un desvío de la atención de alguien que utiliza la administración pública y a los funcionarios públicos», en referencia al Gobierno de Monago.
Carretero ha explicado que lo «lógico» y lo que ocurre con otras convocatorias es que una vez finalizado los cursos, que se celebraron en 2012 y 2013, se abre un proceso de justificación de los gastos, pero que en esta ocasión el Gobierno no ha esperado a que se cerrara el proceso de forma definitiva y ha llevado los presuntos indicios de delito a la fiscalía.
En caso de haber recibido este informe, el sindicato hubiera emprendido las acciones oportunas. Es decir, o bien reintegraría las cantidades necesarias o procedería a la imputación de lo que consideraran oportuno, según ha explicado.
NORMAL Y HABITUAL
De hecho, Carretero ha dicho que este tipo de comprobaciones de gastos y auditorías es «una cosa totalmente normal y habitual», y lo ha comparado con la notificación de Hacienda que recibe un contribuyente para subsanar algún error en su declaración de la renta.
«Lo lógico es que una vez finalizado este procedimiento (de justificaciones y aportación de documentación), hubiera una resolución en la que se especificara las posibles irregularidades y los pasos a seguir para subsanarlo», ha dicho Carretero.
Ha advertido además que la propia denuncia del Gobierno extremeño, que se puede consultar en su propia web institucional, señala que las presuntas irregularidades detectadas se basan en informes «provisionales» y no definitivos.
El máximo responsable de CCOO en Extremadura ha anunciado además que va a reclamar los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 24 de marzo, en el que se abordó esta cuestión, el mismo día que se entregó la documentación ante la Fiscalía, si bien ha señalado que este asunto no figuraba entre los asuntos aprobados por el gabinete.
CENTRIFUGAR LA PONZOÑA
Por todo ello, para Carretero está «blanco y en botella» que el Gobierno de Monago no pretende con esta acción «perseguir ningún fraude, sino centrifugar la ponzoña» con un asunto como es un presunto fraude en la gestión de los fondos públicos, lo cual es una cuestión, ha reconocido Carretero, que es «tremendamente delicada, y que está en la piel de la ciudadanía».
n asunto, ha añadido, que está en la mente del ciudadano debido al proceso abierto por la juez Alaya en Andalucía contra el fraude en cursos de formación, y que en el caso de Extremadura, ha señalado, conllevará «consecuencias negativas para las organizaciones, para los trabajadores, para el gobierno, éste y el que venga, para la sociedad y para la democracia», ha dicho Carretero, porque «rompe vínculos fundamentales de las relaciones democráticas e institucionales».
En este sentido, ha subrayado que un presidente, en relación a Monago, que es «capaz de sobrepasar este tipo de cosas con tal de desviar la atención, no merece ser presidente de Extremadura».
Por último, ha señalado que sospecha que el Gobierno de Monago ha centrado su denuncia en la convocatoria de 2011 «para que le caiga algo de ponzoña» también a su antecesor, el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara.
