El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha negado que haya fraude en los cursos de formación a ocupados de 2011, y ha asegurado sobre la liquidación de este plan formativo que la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo «lo avaló y ha dado el visto bueno en el 100 por cien».
«Desde luego niego que aquí haya fraude porque yo el fraude lo entiendo si aquí no se hubieran hecho cursos, si el dinero que nos han dado para los cursos lo hubiéramos utilizado nosotros para hacer mariscadas», ha señalado Peinado, quien ha añadido que estos son los «casos de fraude que, por desgracia y penosamente, han surgido en otras zonas de la geografía española».
En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los secretarios generales de las organizaciones Coeba, la Federación Placentina y la Federación Empresarial Cacereña, que integran la Creex, Javier Peinaado ha reiterado que «no se puede catalogar de fraude».
«Otro tema es que en la vía administrativa tendremos ahora que enfrentarnos y apechugar si se nos pide una liquidación porque se entiende que algún curso, como se decía, no está a valor de mercado y lo tendremos que justificar», ha sostenido, al tiempo que ha aseverado que un informe, que ha solicitado por escrito este jueves pero que no se le ha remitido hasta la fecha, «certifica que la liquidación del plan en cuestión del 2011 la Fundación Tripartita lo avaló y ha dado el visto bueno en el 100 por cien».
También ha apuntado sobre la consultora que presuntamente «ha detectado este fraude» que la Creex tiene una «comunicación» de la misma del pasado mes de enero en la que les trasladan un informe provisional que indica que «se ha comprobado: que el beneficiario, en este caso la Confederación Regional Empresarial Extremeña, ha justificado la realización de la actividad subvencionada» y «ha presentado la documentación justificativa de la actividad formativa de acuerdo a lo estipulado».
COSTES SUBVENCIONABLES «DENTRO DE LO INDICADO»
Acerca de dicho informe ha destacado asimismo que arroja que «los costes financiables, costes directos, costes asociados y otros costes subvencionables y los criterios de imputación se encuentran dentro de lo indicado en el anexo dos del citado real decreto» y que «se respetan las normas nacionales aplicables en particular en lo relativo a contratación pública».
«Si esto lo dice en el preámbulo, pues sinceramente, ¿dónde va a estar aquí el delito penal? ¿Dónde va a estar aquí el dolo? Y obviamente que nosotros vamos a respetar la labor de la Fiscalía y de los fiscales, en los que tenemos una seguridad total de que esto se esclarecerá», ha apuntado.
En esta línea, ha asegurando que más del 80 por ciento de los cursos ejecutados por las organizaciones de la Creex han sido «inspeccionados y visitados durante la celebración de los mismos por personal dependiente del Sexpe».
«De todas esas revisiones que se han hecho, ya digo de manera in situ repartidos por toda la geografía extremeña que es a donde llegan los cursos que licitamos la patronal extremeña, no ha habido ni una sola incidencia a ese respecto», ha espetado Peinado.
De esta forma, el secretario general de la Creex ha considerado que «en todo caso en el fondo» se estaría hablando de «diferentes interpretaciones con las facturas», con los «costes» de éstas o de si se «pone en duda que pedir tres presupuestos, que es lo que dice la ley de contratos de administraciones públicas, es suficiente o no para demostrar el valor de mercado».
CRÍTICAS A LA RUEDA DE PRENSA
En su intervención, en la que el secretario general de la Creex ha sido muy crítico con que este asunto se haya sabido a través de una rueda de prensa y no se les haya comunicado previamente, ha recalcado además que la formación en España «está tasada con unos topes de coste hora por impartición y alumno».
Dentro del mismo «no se puede facturar más» y ha añadido que «también están repartidos porcentualmente y tasado lo que hay que asignar como máximo» a los costes de impartición, al material que se entrega o a costes indirectos entre los que «entrarían» asuntos como el tema de los alquileres.
«Nosotros hemos cumplido perfectamente con todos estos requisitos y yo tengo la tranquilidad de eso al 100 por cien porque si no la Fundación Tripartita con la experiencia que tiene no hubiera dado por bueno nuestro plan si esos porcentajes no hubieran cumplido. Luego entonces, no sé qué cuentas son las que echan en este informe para hacer este tipo de aseveraciones y de afirmaciones», ha recriminado sobre este presunto caso de fraude.
EL GOBIERNO LES ADEUDA DINERO
Igualmente el representante de la Creex ha ahondado sobre este plan que sus organizaciones miembros «están soportando la financiación del 25 por ciento» del mismo «porque esta cantidad a fecha de hoy aún no ha sido pagada», cuando ellos «sí» han pagado «en cambio todas las facturas que se han realizado para poder acometer estas acciones de formación, independientemente de que ahora se pueda aludir por la administración que tienen defectos de forma o no».
«Les aseguro que en la justificación está presentado todo con facturas, legales y de curso, como se pueden imaginar, reglamentario con lo que marca la hacienda pública española y además sus preceptivos justificantes de pago en tiempo y forma», ha puntualizado Peinado, quien ha resaltado que «a fecha de hoy» se les adeuda de ese plan «784.035 euros», así como diferentes cantidades correspondientes a planes posteriores de 2012 y 2013.
Dichas cuantías «arrojan una suma total de deuda que mantiene ahora mismo el Gobierno de Extremadura con esta Confederación Regional de 1.159.165 euros», ha puntualizado.
Ante ello, ha subrayado que «en el hipotético caso» de que tuvieran que «adeudar» el 1,5 millones de euros en los que, según la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, existen «indicios de fraude», «sólo» deberían pagar «la cantidad de poco más de 329.000 euros».
«Es el diferencial entre lo que se nos debe y lo que hipotéticamente, según este informe que desconocemos y este tema que va a estudiar ahora la Fiscalía Anticorrupción, tendríamos que devolver a las arcas públicas», ha incidido Javier Peinado, quien ha reconocido que se plantean ejercer «las acciones que en derecho corresponda según vayan dando los pasos» porque cualquier ciudadano o organización «tienen el derecho a la defensa».
Por otro lado, y a preguntas sobre el crecimiento del PIB en Extremadura en 2014, Javier Peinado ha hecho una valoración «positiva», aunque «otra cuestión» es si la región se puede «conformar» con esos crecimientos del PIB dado que en ella se tiene que «hacer un sobre esfuerzo» para intentarse «igualar más con la media nacional».
