Griñán declara en el Supremo como imputado por el caso de los ERE

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Mientras se deciden los apoyos políticos del PSOE en Andalucía de cara a la investidura del nuevo gobierno socialista, uno de sus expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán declara este jueves voluntariamente como imputado ante el juez que instruye el ‘caso ERE’ en el Tribunal Supremo, quien decidirá en función del interrogatorio y otros eventuales indicios si es o no oportuno solicitar el suplicatorio para actuar contra él

El magistrado instructor hará que visiten el alto tribunal cinco aforados por ser parlamentarios, que comparecen como imputados pero voluntariamente antes de que se decida si existen o no indicios para encausar a alguno de ellos. El juez, además, podría pedir permiso a las Cortes para investigarles en relación con un determinado delito o delitos.

 

El primero de los citados, el ex consejero de Empleo de la Junta de AndalucíaJosé Antonio Viera, negó haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados. En su comparecencia ante el Supremo, Viera declaró que desconocía el mecanismo por el que se dieron ayudas irregulares, ya que es “de profesión maestro”, carece de “formación jurídica” y confiaba “plenamente” en su equipo.

 

 

En los próximos días comparecerá también otro ex presidente andaluz,Manuel Chaves, y los ex consejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.

 

Además de las declaraciones, el instructor tiene en su poder diversa documentación entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas socio-laborales.

 

El pasado mes de febrero, comparecieron los peritos ante la juez Mercedes Alaya y ratificaron su informe inicial, oponiéndose al ‘contrainforme’ pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago a instancias de la defensa de Griñán.

 

Cabe recordar que, en su informe, los peritos consideran “inadecuada e improcedente” la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

 

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la ex ministra Magdalena ÁlvarezJosé Antonio Griñány Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las “medidas necesarias” al respecto.


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