Ayudas para la implantación y mejora de infraestructuras de telecomunicaciones

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La Consejería de Economía, Competitividad e Innovación ha convocado ayudas para llevar a cabo proyectos de implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de infraestructuras de telecomunicaciones y acceso a banda ancha por parte de operadores del sector.

El Diario Oficial de Extremadura publica este lunes el decreto y la convocatoria de estas ayudas, dotadas con 1.592.073 euros, dirigidas a la mejora de la cobertura en la comunidad autónoma.

 

El objetivo es dotar de la tecnología más avanzada y de mayor calidad a todo el territorio de la región, primando los grandes proyectos de inversión, y las actuaciones en el medio rural.

 

Los operadores de telecomunicaciones que promuevan el despliegue de banda ancha a través de las tecnologías que lo permiten (fibra óptica, satélite, 4G, cable, etc.) podrán financiar sus proyectos con el apoyo económico del Gobierno autonómico que cubrirá entre 60 y el 80 por ciento de la inversión.

 

Para optar a estas ayudas, los proyectos a realizar deberán ofrecer al ciudadano una velocidad de al menos 30 megas en zonas rurales y de 100 megas en zonas urbanas.

 

Estas ayudas se enmarcan en la Agenda Digital de Extremadura, en desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura, que incluye entre sus cinco ejes, al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Dada la dispersión geográfica y baja densidad de población en la región, es necesario incentivar el despliegue de este tipo de infraestructuras para alcanzar los niveles de cobertura que marca la Unión Europea para 2020 en Extremadura.

 

Las ayudas a operadores del sector permitirán modernizar y renovar las redes de telecomunicaciones que ya existen y facilitar el despliegue de nuevas infraestructuras en la comunidad autónoma.

 

La normativa establece que la ayuda del Gobierno regional cubrirá el 60 por ciento de la inversión de los proyectos en poblaciones de más de 25.000 habitantes, el 70 por ciento de los que se vayan a realizar en localidades de entre 25.000 y 9.000 habitantes, y el 80 por ciento de los proyectos en poblaciones inferiores a 9.000 habitantes. Al mismo tiempo, se da prioridad a los proyectos con mayor volumen de inversión.


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