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APAG Extremadura Asaja pide a los ayuntamientos de la red Natura 2000 que se pronuncien contra el nuevo decreto

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La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha solicitado a los ayuntamientos afectados por la red ecológica Natura 2000 que se pronuncien en contra del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el que se regula la misma.

Así, esta entidad ha pedido a los consistorios que aprueben en sesión plenaria de sus respectivas corporaciones municipales un acuerdo por el que insten a la Junta de Extremadura «a la inmediata derogación» de este decreto, «aprobado in extremis por el anterior gobierno autonómico del Partido Popular».

  

Además, también piden que se inste a la Junta a que abra «un profundo proceso de debate» con el sector agrario extremeño que permita, en el menor plazo de tiempo posible, «dotar a la comunidad autónoma, en el respeto absoluto al referido sector, del necesario marco legal regulador de la referida red ecológica europea Natura 2000».

  

En nota de prensa APAG Extremadura ha indicado que ha remitido, con fecha de este jueves, a todos los ayuntamientos afectados por la red ecológica Natura 2000 «un escrito por el que les instan a pronunciarse en contra de la actual normativa reguladora de la referida red».

  

«Tal nueva normativa, contenida en el Decreto 110/2015 de la Junta de Extremadura, aprobada por el anterior Gobierno regional del Partido Popular, y publicada el pasado día 3 de junio del corriente ha de despertar nuestra más profunda preocupación por cuanto va a suponer una tremenda rémora, cuando no un claro retroceso, en el procedo de desarrollo sostenido de nuestros pueblos y comarcas», ha explicado esta organización agraria.

 

  En este sentido APAG Extremadura Asaja ha indicado que este decreto  es una normativa «tendente a dificultar, cuando no impedir, la correcta ejecución de muy numerosas labores agrarias y con ello a dificultar, cuando no impedir, el futuro de cientos de explotaciones agroganaderas» y, con él, «el sostenimiento social, económico y medioambiental de los municipios y, por ende, de toda Extremadura».

  

«No es válido, a tales efectos, el pobre argumento esgrimido por la ya extinta Consejería de Agricultura y por quien fuera su consejero, José Antonio Echávarri, cuando señala que es la Unión Europea la que exige al gobierno regional aprobar tal normativa aún a costa de convertirse en una agresión frontal contra el sector agrario extremeño y su futuro», ha criticado esta entidad.

  

En este sentido APAG Extremadura Asaja ha apuntado que es criterio «más que conocido» de la Unión Europea el que señala que cualquier medida que se adopte al respeto «debe servir para compatibilizar la protección del medio ambiente y del futuro de las zonas rurales con los usos tradicionales del campo y con aquellas actuaciones agrícolas, ganaderas y forestales» que sirvan «para propiciar un desarrollo sostenible de las zonas rurales».

 

EXIGIÓ SU «DEROGACIÓN INMEDIATA»

 

  Cabe recordar que esta organización agraria exigió a la anterior administración autonómica la «derogación inmediata» de la referida normativa y que ya, a pesar del escaso tiempo transcurrido desde la conformación del actual gobierno socialista, ha puesto sobre la mesa del nuevo consejero «la necesidad de analizar el asunto en profundidad y adoptar cambios de manera urgente de manera que la protección del medio ambiente vuelva, como tradicionalmente lo ha sido, a ser compatible con los usos presentes tradicionalmente en los campos».

  

Además, ha puntualizado que «hay que tener muy en cuenta» que la red ecológica Natura 2000 afecta al 30,3 por ciento del territorio regional, en concreto a 1.264.288 hectáreas, y que representa un total de 71 ZEPAs (zonas de especial protección de aves) y 89 LICs (lugares de importancia comunitaria).

  

Por lo tanto APAG Extremadura Asaja entiende que, en el respeto a las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea, «Extremadura ha de dotarse de un marco jurídico que proteja y preserve tales hábitats y la enorme biodiversidad que ellos acogen».

  

Asimismo esta entidad cree también que «ese marco jurídico ha de ser un compromiso, también económico y social, de y para con Extremadura, y la actual normativa, por ser una profunda agresión al sector agrario extremeño».

 

   Finalmente, APAG Extremadura Asaja propone a los ayuntamientos de los términos municipales afectados «que abran un profundo proceso de debate con el sector agrario extremeño» que permita, en el menor plazo de tiempo posible, «dotar a la comunidad autónoma», dentro del respeto absoluto al referido sector, «del necesario marco legal regulador de la referida red ecológica europea Natura 2000».


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