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El PP lamenta la «política de tierra quemada» del PSOE en materia sanitaria

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El portavoz del PP en Extremadura en materia sanitaria, José María Saponi, ha lamentado la «política de tierra quemada» que a su juicio ha puesto en marcha el actual Gobierno regional del PSOE en materia sanitaria, consistente según apunta en «intentar arrasar con todo aquello que se ha construido desde el consenso y el diálogo».

Se refiere de este modo en concreto al Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia sanitaria del anterior Ejecutivo regional del PP, y que según incide «no obliga a jubilar a los 65 años» sino que «garantiza» la «continuidad» del personal y «la entrada de nuevos médicos y otros profesionales sanitarios».

  

En nota de prensa, recuerda también que, «quien obliga a jubilarse a los médicos a los 65 años y cuatro meses, es la legislación nacional a través del Estatuto Marco», que según indica «establece esa edad como obligatoria para la jubilación y nuestro Plan de Ordenación lo que posibilita prolongar la vida laboral cumpliendo unos requisitos recogidos también en el Estatuto Marco, como son, que haya necesidad asistencial, que el trabajador tenga capacidad funcional que la determina salud laboral, y el tercero es el informe del Director Médico.        

  

Además, incide en que este plan «es fruto del diálogo mantenido» con las fuerzas sindicales «durante dos años» en la Mesa Sectorial de Sanidad y ha permitido «consensuar los criterios fijados en el plan para la jubilación de los profesionales».

 

SIN COLORES POLÍTICOS

  

Además, el ‘popular’ le recuerda al PSOE que la administración «no tiene colores políticos», ya que «se corre el riesgo de que todo lo que un equipo de gobierno haga, venga el siguiente y los deshaga, con independencia de que beneficie a la mayoría o no».

 

  En esta línea, entiende que «suspender» el citado plan «supondrá un perjuicio para otras categorías profesionales como enfermería que tienen la posibilidad de estar exentos de turno de noche a partir de los 55».

  

Igualmente, advierte de que «dejará sin efecto la provisión de mandos intermedios, de categorías profesionales distintas a la de Facultativo, mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad, así como la aplicación de la carrera y el desarrollo profesional con criterios objetivos».

  

También, considera que la «suspensión» del citado plan «supondrá dejar sin efecto la regularización por fin, de la obligatoriedad de los concursos de traslados (uno cada dos años) y la convocatoria de OPE (al tercero), para así colmar las expectativas de movilidad y de acceso a la función pública dejando a un lado criterios partidistas», como según añade «pudo comprobarse en la última OPE convocada por el PSOE con el objeto de captar votos (OPE que unía las de 2007, 2008, 2009 2010, con un coste cercano a los 2 millones de euros)».

 


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