La Junta de Extremadura y agentes sociales en contra de las acciones del ejecutivo anterior

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, y los principales agentes sociales de la región, han mostrado hoy su desacuerdo con las acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados, porque en el nuevo Gobierno “nos hemos encontrado un Decreto cerrado, presupuestado y planificado, con cuantías diferentes, sin posibilidades de actuación y modificación”, ha explicado la consejera, “unas condiciones con las que no estamos nada de acuerdo, pero que hay que “actuar con responsabilidad para que estos planes no se pierdan”.

En la presentación de las subvenciones y acciones formativas a trabajadores desempleados y ocupados, Esther Gutiérrez Morán estuvo acompañada por el secretario general de Empleo, Javier Luna Martín; Miguel Coque, secretario Formación y Empleo de CCOO; Ana Santos Clemente, secretaria de Formación y Cultura de UGT; y Álvaro Sancho González, secretario general adjunto de la CREEX.

La consejera reiteró su agradecimiento a los agentes sociales por su esfuerzo en asistir a la rueda de prensa de presentación, a pesar de su desacuerdo, y la “disposición al diálogo, implicación y cooperación que están demostrando en esta nueva legislatura”.

Para los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, la partida presupuestaria es de un millón de euros, cuando anteriormente era de 4 millones. Para trabajadores desempleados, se destinan este año 6,4 millones frente a los 14 de la última convocatoria, y para acciones formativas con compromiso de contratación, 250.000 euros; antes, 300.000.

Gutiérrez Morán ha insistido en que legalmente “no ha sido posible introducir mejoras y modificaciones que permitieran un cambio sustancial de la convocatoria”, pero para este año, “el diseño de la convocatoria debería haber contado con los agentes sociales, algo que el Ejecutivo popular no ha hecho en los últimos cuatro años”.

En esta nueva etapa, ha anunciado la consejera, se va a recuperar la corresponsabilidad de todas las partes públicas y privadas que trabajan en el territorio vinculadas con la formación continua y ocupacional, con lo que “se debería poner a las personas con problemas de empleo y capacitación en el centro de nuestras políticas, que este plan de formación de empleo no hace”.

La titular de Educación y Empleo de la Junta también ha apostado por una “visión global y planificación a medio y largo plazo para alcanzar un mayor grado de eficacia”, así como “una implicación decidida de todas las partes y nuestras puertas abiertas al diálogo”.

Estas ayudas para realizar acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y ocupados fueron publicadas en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 17 de agosto.

AUDITORÍA

La Fiscalía está auditando el 90 por ciento restante de las subvenciones concedidas en 2011 para el Plan de Formación en Extremadura, después de que el anterior Ejecutivo regional del ‘popular’ José Antonio Monago denunció en marzo a los sindicatos extremeños por un supuesto fraude en los cursos de formación.

A preguntas de los periodistas sobre la situación del proceso, el secretario general de Empleo de la Junta, Javier Luna, ha indicado este martes en Mérida (Badajoz) en una rueda de prensa para informar sobre las convocatorias de Formación Profesional Continua para este año 2015 que la Fiscalía está investigando el Plan de Formación del año 2011 a través de la auditoría «oportuna», y ha destacado que la Administración regional «está a la espera de conocer esos resultados».

Cabe recordar que el anterior Gobierno de Extremadura denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude con los cursos de formación a trabajadores ocupados por parte de la patronal regional (Creex), los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes).

Por su parte, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán ha subrayado que ellos como Administración «no» tienen la posibilidad de parar esa denuncia, y ha recalcado que se están haciendo las investigaciones «oportunas» y que van a continuar con «los pasos que legalmente hay que seguir».

SINDICATOS

Por otro lado, la secretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura, Ana María Santos Clemente, ha informado de que desde que el gobierno de Extremadura presidido por José Antonio Monago interpuso la demanda hace cuatro meses no han tenido «más conocimiento del proceso por parte de la Fiscalía», y ha destacado que «todavía» no saben «por qué se nos demanda a cada uno de los sindicatos».

Asimismo, Santos ha aclarado que a UGT se le ha pedido documentación «al igual que cuando se justifica un plan de formación, lo único que se ha realizado de una manera más exhaustiva, más detallado».

Por otro lado, el secretario de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, Miguel Coque Durán, ha indicado que la Junta de Extremadura les adeuda 590.000 euros de la partes de los tres programas de formación ejecutados en 2011, 2012 y 2013 en Extremadura.

Además, ha insistido en que están «deseando» que se abra el proceso de investigación por parte de la Fiscalía para cerrar este asunto, ya que hasta que no se abra la investigación por parte de la Fiscalía «no podrán cobrar lo que les adeuda el Gobierno de Extremadura».

«Está clarísimo que el anterior gobierno rompe la línea de seguir el procedimiento administrativo, es decir, de requerirnos papeles, y como no quiere pagar porque no tiene dinero para pagar, lo que hace es llevarlo a la línea penal y con ello criminalizar a los agentes sociales y económicos de esta región», ha apuntado Coque.

Por último, el secretario general adjunto de la Creex, Álvaro Sancho, ha mostrado la «total colaboración» por parte de la Creex con la Fiscalía y con la administración regional facilitando toda aquella documentación que se le pueda solicitar y ha pedido que se esclarezca este asunto «cuanto antes».