CSIF pide la aplicación a 72.000 funcionarios extremeños de los días moscosos y de los de permiso por antigüedad

CSIF ha solicitado al presidente de la Junta de Extremadura, así como a los responsables de los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y universidad que apliquen directamente a 72.000 funcionarios extremeños la resolución por la que se devuelven a los empleados públicos del Estado los días de libre disposición (moscosos), días adicionales de vacaciones y días de permiso por antigüedad que se les habían recortado en 2012.

CSIF recuerda en una nota enviada a Redacción DEx  que » estos derechos se recuperan en la Administración General del Estado y tienen carácter básico, pero potestativo para el resto de administraciones, que podrán decidir sobre la forma de recuperación.»

   En esta línea, el sindicato ha considerado esta decisión como «discriminatoria» con las comunidades autónomas, ya que cuando se suprimieron los derechos de los empleados públicos «se hizo para todos por igual», por lo que ha reclamado la devolución para todas las administraciones y no sólo para la estatal.

   Es decir, como ha explicado CSIF, en el resto de administraciones públicas será directamente aplicable en 2015 para los días de permiso por asuntos particulares, pero para el resto (días por antigüedad y vacaciones) lo debe decidir cada Administración.

   Así, CSIF ha considerado que las administraciones autonómica, local y universitaria deben restituir directamente estos «derechos cercenados» en Extremadura, ya que «no tienen coste alguno», para así «igualar a los 72.000 empleados públicos extremeños con los 13.000 de la administración del Estado».

   Por ello, el sindicato CSIF ha reclamado al Ejecutivo regional que, ante la «incertidumbre» que viven los empleados públicos de la comunidad, aclare «cuanto antes» qué va a pasar con los derechos pendientes de devolución en Extremadura, tanto los de carácter económico como los de carácter social o los días de permiso retribuido.

   En cualquier caso, CSIF ha confiado en que estas medidas «tengan continuidad» y se recupere la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones. Desde entonces, según sus cálculos, se ha producido una pérdida del poder adquisitivo en torno al «25 por ciento».