La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) incluye las dos provincias extremeñas entre las cinco mayores productoras de este sector energético, en una memoria con datos globales del 2014 que mantiene a Badajoz como la segunda de España, tras Murcia, en potencia acumulada fotovoltaica, mientras que Cáceres sigue también como la quinta a nivel nacional.
![[Img #47105]](upload/img/periodico/img_47105.jpg "Cáceres y Badajoz, entre las cinco mayores provincias en producción foltovoltaica")
Extremadura vuelve a ser la región española donde la producción fotovoltaica propia cubre más mercado de la demanda regional, en torno al 25 por ciento.
El año 2011 fue «especialmente bueno» para Extremadura, pero las inversiones y nuevos proyectos «se frenaron en seco» en el 2012, para reactivarse «levemente» en el 2013 y volver a la «inactividad» de nuevos megawatios instalados en el 2014.
Sin embargo, los «años del boom fotovoltaico han desaparecido en la región», como en muchos otros lugares, y durante el pasado 2014 no se instalaron nuevos megawatios. A nivel nacional, solo ha habido 22 nuevos megawatios, cifras «insignificantes» si se comparan con los 40.000 instalados en todo el mundo.
La situación del sector está relacionada, según este informe, con las reformas emprendidas durante los últimos años por el Ministerio de Industria y Energía. Así, sus responsables consideran que las reformas del Gobierno no han garantizado una «rentabilidad razonable» como auguraban, y mantienen la «inseguridad jurídica». «Los más de 1400 «costes estándar» establecidos no están correctamente calculados y continúan modificándose a día de hoy».
El informe pone de manifiesto que las reformas emprendidas por el Gobierno con el cambio retroactivo del sistema de primas al de ‘costes estándares’ «no está garantizando la rentabilidad de las inversiones, como aseguraba, y está desincentivando la productividad de las instalaciones».
Para la UNEF, que agrupa a las empresas más importantes del sector fotovoltaico, «el cierre de empresas registrado el año pasado en España, la pérdida de 2.500 puestos de trabajo y la reducción de la producción fotovoltaica, demuestran la ineficacia de la política energética del Gobierno y, en concreto, de gestión de las energías renovables y la fotovoltaica en particular».
Unos cambios retroactivos, añaden desde la agrupación, que han supuesto «una ruptura de seguridad jurídica que ha situado a España en el país más demandado de Europa ante el CIADI y con más de 400 recursos abiertos en los tribunales nacionales».
