La Asamblea de Extremadura tramita la modificación de la Ley Agraria para proteger las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura

El Grupo Parlamentario PSOE-SIEX ha llevado hasta el pleno de la Asamblea de Extremadura una propuesta de ley, que continúa con su trámite parlamentario, que pretende modificar la Ley Agraria para la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura.

La diputada socialista, Teresa Macías, ha destacado la importancia de esta propuesta de ley ante el apoyo parlamentario que han buscado los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, puesto que Extremadura cuenta con 10 Denominaciones de Origen y 3 Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura. 

Según Macías, con la actual ley «se pone en riesgo» un modelo de composición que ha ido en contra del sector, porque «los Consejos Reguladores vieron como se ponían en peligro» con la reducción de un 80% del apoyo de las administraciones públicas  a los Consejos Reguladores. Además de convertirlos en organizaciones con derecho privado y no público como antes.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, recordó que su grupo ya trajo a la Asamblea una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a reformar la ley sobre dicha figura pública, porque con la entrada en vigor de la Ley Agraria, hace que se conviertan en «organizaciones sin ánimo de lucro de derecho privado»; y además, esta Ley Agraria puede imponer multas a las que «no se adapten».

Por su parte, la diputada de Podemos, Irene de Miguel, destacó la «necesidad de modificar la Ley Agraria», porque ha sido una «ley decepcionante que no soluciona problemas del sector» y que «sólo buscó un titular en prensa». Incidió en que es fundamental realizar las elecciones al campo para «luchar por un modelo sostenible».

Por su parte, el diputado del Partido Popular, José Antonio Echávarri, destacó que esta propuesta causa «perplejidad y bochorno» porque no entiende esta «necesidad urgente de cambiar la ley» cuando en los dos años que duró su diálogo nadie dijo «ni una sola palabra de mención» sobre las DO o las IGP.  Afirmando que «si hace unos meses no tenían problemas no creo que ahora los tenga, pero estamos abiertos a negociar. Para mejorar cuenten con nosotros, para volver a lo antiguo no», señaló Echávarri.