La Mesa Extremeña de la Caza ha señalado que confía en alcanzar un acuerdo con la Junta sobre el nuevo decreto regulador de la retirada de residuos animales en acciones cinegéticas, después de que este jueves haya sido rechazada en la Asamblea una moratoria de la actual norma presentada por el PP a la espera de alcanzar un consenso, y reclama que especifique las ayudas al sector para este fin.
Esta organización, que representa a la totalidad del sector cinegético de la región, ha presentado sus alegaciones al proyecto normativo del ejecutivo, sobre el que espera alcanzar un consenso para «corregir determinados aspectos» del texto.
El objetivo último es que la «lucha contra la tuberculosis bovina se compatibilice con el respeto al ejercicio de la caza y con la garantía de la alimentación de las aves necrófagas».
Así, tiene «claro» que el sector cinegético será «respetuoso» con la normativa y «seguirá intentando cumplirla en todo lo posible, como demuestran las escasas incidencias registradas hasta la fecha en este ámbito». Además, reclama que las empresas autorizadas para la retirada de estos restos realicen «un esfuerzo similar y recojan en el mismo día los restos de las monterías para evitar otras consecuencias».
En cuanto a la próxima normativa, la organización recuerda que el 5 de noviembre se abrió el plazo de información pública del proyecto de decreto por el que se determinan medidas sanitarias de salvaguarda sobre los subproductos animales no destinados al consumo humano (sandach), los cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor, al objeto de controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Mesa Extremeña de la Caza ha presentado sus alegaciones a través de diferentes entidades y ahora, tras los contactos mantenidos hasta la fecha con la Administración, espera que se «mantenga abierto el diálogo y que el sector sea tenido en cuenta en la redacción definitiva de la nueva normativa».
Por otra parte, la Mesa reclama a la Junta que «especifique cuanto antes» las posibles ayudas, al menos para la caza social, para compensar el coste de la retirada de estos residuos, que desde la entrada en vigor de la norma actual, el 9 de noviembre, está siendo asumido en su totalidad por el propio sector.