El Partido Popular en la Diputación de Cáceres insiste en pedir que se «depuren responsabilidades» por el supuesto «pago irregular» de unas facturas que se emitieron entre los años 2005 y 2009, época de gobierno del Partido Socialista (PSOE) en la institución provincial con Juan Andrés Tovar al frente.
El portavoz del grupo popular, Alfredo Aguilera, ha criticado esta jueves que la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, «se ha negado» a incluir por segunda vez en el orden del día de un Pleno una moción del PP y Ciudadanos (C’s) a través de la cual solicitan la constitución de una Comisión Informativa Especial, con el objetivo de «depurar las responsabilidades» derivadas por la adjudicación de contratos de obras por parte de la institución provincial «sin el procedimiento administrativo legal».
En concreto, los populares informan que dicha moción se presentó en el registro de la Diputación Provincial el pasado día 10 de diciembre y no se incluyó en el pleno de ese mes, ni tampoco irá en el orden del día del pleno ordinario que se celebrará mañana viernes en la institución provincial.
Por ello, el PP considera que el PSOE «no quiere hablar de los graves errores que han cometido» cuando han estado al frente del gobierno y añaden que se trata de «un asunto muy serio», ya que «esta supuesta mala adjudicación ha costado dinero a los cacereños», apuntan.
En dicha moción se hace referencia a la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 473.468 euros correspondientes a tres facturas distintas. Además, se resalta que el servicio de Intervención de la Diputación avisó que dichas adjudicaciones no contaban con el crédito presupuestario suficiente, ni tampoco con la tramitación del expediente de contratación de las mismas, y que nunca estos gastos fueron sometidos a la fiscalización previa de Intervención.
Ante esta situación, Aguilera ha manifestado que «es necesario» que se amplíe la documentación en dicho expediente y que se «diriman las responsabilidades oportunas en el caso de que las haya», ya que en el periodo 2005-2009 también se contrataron «ignorando por completo el procedimiento administrativo establecido», que asciende a un importe superior a los 1,2 millones de euros.
En resumen, en la moción se propone acordar que al amparo del artículo 124.3 del ROF se constituya una Comisión Informativa Especial para el estudio de las adjudicaciones de las obras que han generado la aprobación extrajudicial, que se autorice a dicha Comisión a recabar toda la información necesaria, citar a los responsables técnicos y políticos involucrados en este asunto, y por último, que la composición de la misma responda a criterios de proporcionalidad que imperan en el resto de Comisiones Informativas.
