La Agrupación Socialista de Aldeacentenera ha denunciado la situación de desatención que están sufriendo los vecinos y vecinas de la localidad ya que desde hace un mes se encuentran sin los Servicios Sociales Básicos en la localidad.
Una situación de la que acusan al actual alcalde, Carlos Cabrera (de Extremeños) que renunció a un servicio que los ayuntamientos tienen la obligación de ofrecer, especialmente en un periodo en el que es necesario tramitar asuntos tan vitales y urgentes para algunas personas como son la renta básica o las ayudas para los mínimos vitales.
Por este motivo desde la Agrupación Socialista de Aldeacentenera se ha puesto a disposición la gestión y tramitación de dichos servicios para que ningún vecino y vecina de la localidad quede desamparado ante lo que consideran una negligencia e ineptitud del actual alcalde.
Los Servicios Sociales Básicos, destinados a cubrir la necesidades sociales básicas y para lo que se destina un Trabajador o Trabajadora Social, son un servicio Mancomunado que se venía ofreciendo 3 días a la semana a jornada completa desde hace años conjuntamente a los municipios de Villamesías, Salvatierra de Santiago y Aldeacentenera, este último encargado de su gestión.
Un servicio que era subvencionado en su mayor medida por la Junta de Extremadura con un coste mínimo para las arcas municipales de 3000 euros anuales, una insignificante parte si tenemos en cuenta los casi 8000 euros que se ha gastado en la cabalgata de reyes de este año. Este servicio se ofrecía tres días a la semana a jornada completa.
La Agrupación explica que con la renuncia de Cabrera a seguir con la Asistencia Social en la localidad se ha roto el acuerdo del que también se beneficiaban los otros dos municipios, Villamesías y Salvatierra de Santiago sin embargo, sendos ayuntamientos han solucionado ya esta situación mientras que Aldeacentenera continúa sin tener un Trabajador Social.
Tan grave es tal situación que el colegio oficial de Trabajo Social de Cáceres ha denunciado también esta decisión arbitraria a la Junta de Extremadura ante una situación de riesgo de exclusión social.
