El equipo de Gobierno cree que la mejor opción para el problema que ha surgido con los residentes de la calle Margallo tras la entrada en vigor de acceso al casco histórico por cámaras es permitir que puedan entrar a la vía pero sin mover la cámara de su lugar actual, es decir, en la calle General Ezponda.
El concejal de Policía y Movilidad, Rafael Mateos, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes de los distintos grupos municipales para explicar la postura del equipo de Gobierno respecto al sistema de control de accesos mediante cámaras y más concretamente en lo referido a la calle Margallo.
Según ha explicado Mateos, la postura del equipo de gobierno es una «posición mixta» que ni restrinja de manera total ni que permita libre acceso a todo el mundo, porque «hay que buscar el equilibrio en la mejora de la calidad de vida, de la preservación del entorno y de la movilidad», informa el consistorio en nota de prensa.
De esta forma, el también portavoz del equipo de Gobierno ha defendido que la cámara se mantenga en el mismo lugar, con la salvedad de que los vecinos de la calle Margallo tengan permiso de acceso, por lo que no serían sancionados al acceder a la calle, algo que sí pasaría con los que no sean residentes o no tengan autorización.
Así, los vecinos de la calle Margallo se regirán por el mismo sistema de los que están dentro de las zonas de control de Cámaras, con acceso permitido siempre que se sea residente, al igual que lo tendrán los casos que contempla la normativa, como son los familiares de dependientes.
En cuanto al resto de vehículos que no tengan autorización, el acceso a Margallo deberán realizarlo por San Blas.
Por último, se ha recordado que trasladar el punto de control de accesos, como proponen algunos vecinos, supondría un coste de 35.174 euros, además de acabar con uno de los objetivos del control de accesos, que es que ciertas zonas cuenten con una disminución en el tráfico rodado para que los cacereños y visitantes ganen espacio en la ciudad.
