La diputada del PP en el Congreso de los Diputados por Badajoz, Teresa Angulo, ha defendido hoy una enmienda a la Proposición no de Ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en las Cortes para evitar el cierre de la Mina de Aguablanca en la que ha reclamado que el consenso es el arma fundamental para la defensa de los puestos de trabajo.
![[Img #49897]](upload/img/periodico/img_49897.jpg "Teresa Angulo (PP): El consenso es el arma fundamental para la defensa de la Mina de Aguablanca")
Angulo ha defendido que se trabaje de forma conjunta entre las partes implicadas y la Administración General del Estado, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía, cada una en el ámbito de su competencia, para buscar soluciones al conflicto que podría dejar a 400 trabajadores sin empleo.
La diputada popular ha asegurado durante su intervención que desde el PP siempre se ha mostrado el total apoyo a los trabajadores y al Presidente de la Junta de Extremadura para que liderara un frente común con todos los partidos políticos, trabajadores y sociedad en general y se hiciera todo lo posible para evitar el cierre de la mina.
El PP siempre ha dejado a un lado el “hacerse la foto” para buscar soluciones de forma conjunta. De esta forma se hizo en las localidades afectadas como Monesterio, Santa Olalla del Cala y el Real de la Jara, así como en la Asamblea de Extremadura, en la todos los grupos consensuaron una declaración institucional de apoyo.
Por tanto, el objetivo del Partido Popular siempre ha sido anteponer el interés general de los trabajadores y de toda una comarca al interés partidista y no “hacer desgaste” a la Junta de Extremadura. Desgaste que sí pretendía hacer el PSOE dirigiendo toda la culpa hacia el Gobierno de España, cuando las competencias en materia de empleo y del desarrollo de las comarcas es una responsabilidad de la Junta de Extremadura, y presentando una Proposición no de Ley de manera unilateral, obviando el consenso que hasta ahora había imperado.
Es por ello que el PP se muestra satisfecho de que finalmente se haya incorporado su enmienda al texto buscando siempre el beneficio común y el interés de los trabajadores. Es necesaria la implicación primordial y directa de las administraciones autonómicas, esto es, Junta de Extremadura y Junta de Andalucía, junto con el Gobierno de España, para intentar buscar una solución perdurable en el tiempo a dicho conflicto.
