El coordinador del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez, ha pedido a la Junta que «desbloquee» a «la máxima urgencia» la situación de las obras del nuevo hospital de Cáceres y «acabe con la paralización» de este proyecto con un «compromiso de gestión», una vez que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2016 recogen un total de 131,5 millones de euros para invertir en esta infraestructura en diferentes aspectos.
Ha recordado que sigue pendiente de resolverse el recurso que ha interpuesto la unión temporal de empresas (UTE) Ortiz-Carija, que resultó adjudicataria inicialmente de la terminación de las obras de la primera fase, y que después fue excluida del concurso por no presentar completa la documentación solicitada antes de formalizarse el contrato.
Ante esta situación, el Servicio Extremeño de Salud (SES), decidió adjudicar la obra el pasado mes de enero a la segunda empresa que presentó la mejor oferta, que fue la UTE formada por San José y Magenta, y entonces, la primera adjudicataria presentó un recurso administrativo que todavía no se ha resuelto y que está alargando el proceso de conclusión de las obras de esta infraestructura que lleva un considerable retraso en su construcción por varias vicisitudes.
Por ello, Sánchez ha pedido al SES que resuelva «cuanto antes» por la vía administrativa este nuevo impedimento que está sometido a una comisión jurídica de la Junta y ha confiado en que no se entre en la vía judicial, lo que podría dilatar mucho más todo el proceso de la obra.
Aparte de este contrato, también han quedado desiertas las adjudicaciones de la dirección de obra, por renuncia expresa de la empresa que fue propuesta al considerar que no estaban claras las responsabilidades, y el contrato de seguimiento y control de puesta en marcha de la infraestructura, cuya empresa adjudicataria no se presentó a formalizar la firma del contrato.
A pesar de todo, el diputado cree que «hay voluntad política» por parte del Gobierno regional en «hacer realidad» esta infraestructura que ha calificado de «muy necesaria» para los cacereños y que se lleva esperando varios años. «Quiero pensar que hay voluntad política porque si no, no hubieran aceptado las enmiendas que ha presentado el PP para impulsar el proyecto», subrayó en la rueda de prensa ofrecida este martes.
Y es que, según ha recordado el diputado, los PGEx para este año recogen una serie de partidas para concluir la primera fase de las obras como una de 14,7 millones y otros 34,4 millones para el equipamiento de esta fase. También se consignan 200.000 euros para la redacción del proyecto de la segunda fase y otros 82,2 millones de euros para la construcción íntegra del hospital hasta 2019.
EVITAR RETRASOS
«El trabajo del PP ha hecho que lleguen 116 millones de euros más para el hospital en estas legislatura y que se eviten retrasos entre la finalización de una fase y la siguiente porque está todo planificado para que cuando acabe una comience la segunda fase», subrayó el diputado ‘popular’, al tiempo que destacó que «ahora lo que hace falta es el impulso de la gestión» y eso, a su juicio, «está a medio gas».
Para arrojar un poco más de luz en todo este asunto, el PP ha registrado varias preguntas en la Asamblea de Extremadura de manera que busca una respuesta concreta del Gobierno regional sobre qué fecha se maneja para la conclusión de la primera fase; que se aclare si se abrirá esta primera fase una vez esté finalizada, y en caso de ser así, que se concreten qué servicios se prestarán en el nuevo edificio y qué se hará con el actual hospital San Pedro de Alcántara y el de Virgen de la Montaña, cuyo edificio pertenece a la Diputación Provincial.
«Desde el PP se ha apostado muy fuertemente por revitalizar y planificar toda la obra del nuevo hospital de Cáceres para que no se produzcan más retrasos y ahora falta esa voluntad de gestión por parte del SES», ha insistido en su comparecencia.
Finalmente, a la pregunta de si, en la anterior legislatura, el PP tomó «una buena decisión» al rescindir el contrato a la primera empresa que comenzó las obras con un presupuesto de licitación de 44 millones de euros y después pidió una ampliación de casi 18 millones de euros, Sánchez ha contestado que «sí» fue acertado porque, además del modificado, «las obras no llevaban la velocidad adecuada» y «estaban ralentizadas».
Según ha defendido, el proceso no se ha encarecido con esa decisión ya que hay un procedimiento judicial en marcha que espera dé la razón a la administración regional que tomó esta decisión, según ha dicho, «para defender los derechos de los extremeños» porque «evitó que una empresa presentara un modificado de un contrato de casi veinte millones de euros».
