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UPA-UCE Extremadura niega los delitos por los que es investigada y estudia acciones legales por el trato recibido

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UPA-UCE Extremadura ha negado la presunta «financiación ilegal» por la que esta organización agraria está siendo investigada por la Guardia Civil, y ha indicado que en el seno de la misma están «estudiando» acciones legales por el trato recibido por parte de la Benemérita.

[Img #53365]Así, el portavoz de la Ejecutiva de esta organización, Antonio Prieto, ha aseverado que es «mentira» que se han «llevado» 1,8 millones de euros de los afiliados porque «el asesoramiento se ha hecho» y «se ha cumplido con los requisitos», toda vez que, según ha sostenido, la Administración regional «lo ha inspeccionado» y cuando el expediente «estaba solucionado y en regla» ha pagado al agricultor la subvención correspondiente y éste ha abonado a UPA-UCE el servicio prestado.

 

Además, en declaraciones a los medios, Prieto ha considerado «contradictorio» que la Guardia Civil «no haya pedido ni un sólo documento» a la Junta cuando es quien «controla» los expedientes y «paga las ayudas». «Nos parece muy dudoso», ha apostillado.

 

«Nosotros vamos a seguir trabajando por la inocencia, no sólo de los compañeros sino de la organización» porque «el servicio (de asesoramiento) se da, es una organización histórica», ha espetado.

 

«Hemos hecho los asesoramientos y si hemos hecho los asesoramientos no hay caso», ha añadido Prieto, al tiempo que ha asegurado que «aquí no hay montado nada, aquí hay un asesoramiento que se ha hecho, una documentación que se ha hecho, unos certificados de esos asesoramientos que se han hecho, que se han presentado a la Administración regional y que a partir de ahí ha cogido la administración y ha pagado, ni más más ni más menos», ha recalcado.

 

Además, Antonio Prieto ha destacado que las inspecciones que hace la Administración regional han sido llevadas a cabo «por dos gobiernos, por el Gobierno del PP y por el del PSOE» y ambos «han pagado» a los afiliados de UPA-UCE y éstos han pagado a la organización los servicios de asesoramiento prestados.

 

«O sea que aquí no ha habido robo, no ha habido corrupción ni hay blanqueo de dinero, desde luego lo que no somos una organización criminal», ha afirmado. «Nosotros vamos a echar el resto por demostrar que somos inocentes y que la imagen de la organización, que ha tenido 30 años, se tiene que seguir manteniendo con el respaldo de todo el mundo», ha añadido.

 

Con respecto a los siete dirigentes de UPA-UCE detenidos, el portavoz de la Ejecutiva ha informado de que «no» han podido hablar con ellos, a excepción del «primer día» en el que sus familiares sí pudieron estar en contacto con ellos y este jueves «no» han podido hablar pero sí «darles algún medicamento» y algo de ropa.

 

«Lo que pasó aquí fue una verdadera vergüenza, que a personas honradas los trataran como criminales y desde luego el trato nos parece demencial», ha apuntado.

 

ESTUDIAN ACCIONES LEGALES

 

Por su parte, el secretario general de UPA a nivel nacional, Lorenzo Ramos, preguntado por si estudian acciones legales por el trato recibido por parte de la Guardia Civil, ha subrayado que «todo» lo están «estudiando». «Nosotros entendemos que, a pesar de que nosotros no queremos señalar a nadie, aquí no se ha actuado de una forma normal», ha dicho.

 

Ramos ha detallado que los servicios jurídicos de UPA «ya han presentado recursos a ciertas actuaciones que se han llevado por parte de la Guardia Civil en el registro de esta sede» porque «es una vergüenza que se haya tenido a personas 30 horas».

 

«Nosotros no somos ningunos criminales, no somos ningunos delincuentes, somos lo primeros que estamos dispuestos a colaborar con la Justicia y con la Guardia Civil, pero desde luego lo que le pedimos a la Guardia Civil es que nos trate con el mismo respeto que nosotros les tratamos a ellos», ha espetado.

 

En ese sentido, el dirigente de UPA ha incidido en que «es una vergüenza el trato que les han dado a los compañeros en las detenciones» y ha lamentado que las mismas «han sido transmitidas en directo».

 

Por tanto, Ramos ha manifestado que «ya está bien de este cuento, que se acabe ya esta historia» y ha apuntado que ellos «no» quieren «señalar a nadie», pero están «seguros» de que «alguien hay detrás que tiene mucho interés en hacerle daño a esta organización en este momento determinado y así no se puede funcionar en este país».

 

ASAMBLEA DE APOYO

 

Cabe señalar que la mañana de este viernes, hasta la sede de UPA-UCE Extremadura en Mérida se han trasladado unos 300 afiliados de esta organización agraria, según datos de la misma, en señal de apoyo y para mostrar su solidaridad con los detenidos y pedir su libertad. Además, han portado carteles en los que se podía leer ‘no hay caso’, ‘UPA-UCE somos todos’, ‘en UPA no hay corrupción’ o ‘con vosotros compañeros’, entre otros.

 

Antonio Prieto ha resaltado que se trata de un «movimiento voluntario» de los afiliados para «mostrar el apoyo a la organización y sobre todo a las personas que están ahora mismo en los calabozos y a sus familiares».

 

Así, ha explicado que «ha sido un acto espontáneo de afiliados de la organización» mediante el que quieren «tomar hoy esta sede al igual que estuvo 30 horas tomada por la Guardia Civil de una manera temeraria», ha dicho, al tiempo que ha afeado que «estuvieron aquí los compañeros esposados durante todo el día prácticamente y estaban en la sede con un montón de guardias civiles». «Eso nos parece cuanto menos denunciable», ha soltado.

 

Además, Prieto ha puesto en valor que este viernes las oficinas de UPA-UCE «siguen abiertas» y que el próximo lunes «van a seguir abiertas por encima de la campana gorda, porque nos parece que estamos haciendo bien las cosas».

 

Por último, cabe recordar que la Benemérita se ha personado este pasado miércoles, día 2, en varias sedes de la organización agraria en Extremadura para llevar a cabo un registro que ha concluido con siete detenidos.

 

La actuación se produce en el marco de la Operación Tellus, dentro de la cual la Guardia Civil ha desarticulado una trama dedicada a la presunta «financiación ilegal» de UPA UCE y ha detenido hasta el momento a siete personas.


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