La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha recibido el requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida para remitir los expedientes que contengan toda la documentación referente a la solicitud, tramitación y posterior concesión de las subvenciones por asesoramiento agrario que se hayan concedido durante los años 2010 al 2015, y cuyos servicios de asesoramiento agrario fueron prestados por UPA-UCE Extremadura.
Le requieren la remisión de todos los expedientes de inspecciones y control llevados a cabo por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura relativas a la concesión de las subvenciones por asesoramiento agrario, que se hayan concedido durante el mismo periodo y cuyos servicios de asesoramiento agrario fueron prestados por UPA-UCE Extremadura.
Según explica la Junta en una nota, el juzgado ha requerido a la Junta de Extremadura para que informe respecto a la forma en la que se prestaba el servicio de asesoramiento agrario de conformidad con la normativa de aplicación.
También para que informe respecto del periodo 2010, 2011 y 2012 de la totalidad de las ayudas concedidas, identificando al beneficiario de la ayuda, así como el listado de cada una de las entidades de asesoramiento de ambos periodos (2010-1012 y 2013-2015).
La «naturaleza y extensión» de la documentación y de la información requerida por el Juzgado es «coincidente en muchos aspectos» con el objeto de la auditoría que iniciada por la propia consejería tras destaparse el presunto fraude cometido en el seno de la organización agraria.
Por este motivo, y a efectos de no interferir con las actuaciones judiciales, la Junta «se pone a disposición de la justicia y solo llevará a cabo aquellas investigaciones que sean requeridas por el Juzgado para no interferir en la causa o aquellas que, en su caso, el Juzgado autorice llevar a efecto».
