Gallardo considera una patada al aire la querella presentada contra él por el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado «una patada al aire» la querella criminal presentada contra él por el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, al tiempo que ha insistido en que va «a seguir adelante» en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En concreto, el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha presentado de una nueva querella criminal contra el presidente de la Diputación de Badajoz por un presunto delito de prevaricación, ampliando la presentada en octubre pasado por los delitos de amenazas y coacciones.

«Una más, en cualquier caso yo creo que es una patada al aire, una más y, en ese sentido, tomarlo con humor, ya la primera la desestimó el juez», ha señalado Gallardo sobre dicha querella, a la vez que ha comentado acerca del alcalde de Guadiana de Caudillo, Antonio Pozo, que «él erre que erre quiere seguir», para, en su opinión, «buscar notoriedad» y «desviar la atención».

«Desviar la atención» para el presidente de la institución provincial pacense está en que Pozo «fue un alcalde que, envalentonado contra la Diputación de Badajoz y su presidente, se fue a cenar a una Fundación denominada Francisco Franco» que, según ha criticado, «no apuesta por los valores democráticos, sino por todo lo contrario».

MOTIVOS Y SUBVENCIONES

Según el Ayuntamiento de Guadiana, el motivo de la ampliación de querella es la aprobación, mediante decreto del presidente, de las bases de diversas subvenciones, «donde se concretan las amenazas y coacciones vertidas en medios de comunicación de retirar las subvenciones al municipio que incumpla, según su criterio, la Ley de Memoria Histórica».

Al respecto, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que «hay que aplicar la ley» y que si por hacerlo el alcalde de Guadiana le interpone una querella «pues bienvenida sea la querella».

En este sentido ha incidido en que va «a seguir adelante» con dicha medida dado que, según ha defendido, las instituciones están «para cumplir la ley» y el pleno de la corporación provincial «mandató» a su presidente que la orden de subvenciones del año 2017 «estuviera condicionada al cumplimiento de la memoria democrática».

Así, ha recordado que ello «implica» que hay que hacer un catálogo de símbolos y vestigios franquistas y eliminarlos para poder acceder a las subvenciones aunque «de forma diferida», de manera que se puede optar al dinero, pero si no se cumple con la ley se tiene que devolver.

Finalmente, y preguntado por los medios, Gallardo ha aseverado que si Antonio Pozo «entiende que por cumplir la ley» le tiene que poner una querella «bienvenida ésta y las que vengan».