A vueltas con la ley de educación

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El muchacho, bastante madurito, casi tropieza conmigo cuando intento salir del
establecimiento. Ni se disculpa, ni da los buenos días, es un antiguo alumno pero siempre
finge no conocerme. Bueno está, no todo el mundo posee habilidades sociales
suficientes.

La vida enseña que la oferta educativa reglada es tan solo una parte de la
formación total del individuo. Es una llave para entrar en la vida, pero nunca va sola, ni es
omnipotente, precisa de la iniciativa del propio sujeto o de sus allegados más directos.
Una carrera no te vuelve médico, ingeniero, arquitecto o profesor, por mucho que te
expidan un título. Es el salvaconducto de entrada al mundo profesional y luego cada uno
ha de resolver si sigue aprendiendo, en favor de si mismo y de su contexto.

Leo una entrevista con la Ministra de Educación y me sorprende la fragilidad de las
generalizaciones en los argumentos a la hora de defender la reforma; ese no ir al fondo
de la cuestión, en esa prisa ávida que los políticos tienen, que no da tiempo al tiempo
para sopesar cada capítulo del “libro” que tienen en sus manos, todos sus matices y
posibilidades. Pues es sabido que, siendo único el pastel a repartir en forma de
presupuesto, todo cuanto se distribuya hacia un lado se reduce para el resto y que una ley
sin recursos no funciona. Por eso son tan débiles las argumentaciones cuando explican
que todo seguirá igual en el futuro en relación con los diferentes tipos de centros
educativos o en relación a las distintas lenguas o respecto a la educación especial. No es
probable, pues siempre va a depender primordialmente del fondo económico que se tenga
y del consenso logrado en el sector sujeto a la reforma, al que no se le ha preguntado, y
que es quien al cabo la hace efectiva o no. Y bastante menos, salvo en mentes
particularmente inocentes, de un (inexistente) convencimiento generalizado de que la
integración pueda servir a los objetivos previstos, en grupos de veintitantos niños, o de un
fervor implícito de las familias de clase media por el colegio público.

La historia de la educación demuestra que leyes que precisaban las tres quintas partes
del total de los votos para ser derogadas han “caído” en el día a día por la falta de
recursos aprobados para ellas; sin ruido, pero con rotundidad. Si una norma, por ejemplo,
necesita un gabinete de expertos y no lo hay porque la administración no saca unas
plazas a concurso, pues al final ese gabinete no existe y las condiciones específicas de
las personas diferentes que ese grupo de expertos iban a tratar, pues no se tratan. Y ahí
empieza la descomposición de la ley. Sucede entonces que, al cabo, es la competencia, o
no, de los trabajadores del sector la que salva cualquier ley legislada en un Parlamento,
implementando, o no, las condiciones que dicta. Y sucede, a menudo, que cuando ni
siquiera ha existido un debate completo y contrastado dentro de dicho sector, todo lo
demás no es “sentido” por los trabajadores como algo realmente propio y por lo qué
merezca la pena pelear. De ahí que muchas conductas profesionales no se modifiquen a
lo largo del tiempo, tanto más si ni siquiera existe una “recompensa” para los que se
entregan, distinta de los que se limitan a cumplir el expediente. La ausencia de reflexión
conjunta sobre la posible modificación de los currículos escolares y la preparación más
adecuada del profesorado son asimismo, faltas notables en la supuesta reforma
recientemente hecha por el Congreso.


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