Un informe de la Comisión Europea reveló hace algún tiempo, que en España el 95% de los ciudadanos pensaba que la corrupción está muy extendida y el 10% mantenía que los Gobiernos hacen poco esfuerzo para combatir el problema. Al mismo tiempo es criterio común que debe reservarse el ámbito penal para las conductas más graves.
En cuanto al despilfarro de los que manejan los caudales públicos es una actuación que perjudica el patrimonio de todos y hay que tomar serias medidas. Podemos darnos cuenta de lo que supone construir en un pueblo de 5.000 habitantes un polideportivo para 20.000 personas, y pueden exponerse otros muchos supuestos.
La prodigalidad de la Administración Publica en el manejo de sus bienes y derechos que generalmente se debe a una gestión desordenada, nace de un planteamiento muy poco ético y hay que evitarla con rigor.
Se debe enseñar a los niños a cuidar el patrimonio público que es de todos los ciudadanos, lo mismo que se exige el cuidado del patrimonio privado, algo que está muy arraigado en las sociedades más avanzadas y no tanto en otras. Así se manifiesta en los gastos de representación y de protocolo que con frecuencia deben reducirse, algunos resultan suntuosos y carentes de sentido, utilizar aviones para cortas distancias, comidas en restaurantes de lujo, gasto exagerado de vestuario, excesos que están sometidos a un control denominado “suave”. Suele decirse que este despilfarro no resulta comparable con otros de envergadura pero igualmente ha de controlarse. Se dice que es “el chocolate del loro” si bien produce indignación entre los ciudadanos y no solo es preciso ocuparse de grandes gastos, todo exceso puede ser objeto de control.
Acaba de publicarse una extraordinaria obra de Carlos Cubillo Rodríguez, Director Técnico de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, titulada Aspectos jurídicos del despilfarro en la Gestión de los Fondos Públicos, en el que se analizan las diferentes formas con las que se “evaporan” los caudales que son patrimonio de toda la ciudadanía y que se recaudan con gran esfuerzo económico. En él se cita una frase muy acertada del romano Marco Aurelio que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos que decía así: “No es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros, candelabros, estatuas y otros lujos parecidos. Es posible ceñirse al modo de la vida de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo”. Sin duda no es aceptable gastar en ostentaciones inútiles si se pagan con fondos públicos.
Todos los gastos tienen que someterse a una absoluta y escrupulosa revisión. No basta aportar la factura del restaurante, como mantiene el autor del libro, o de la sastrería sino que se especifique y concrete la necesidad de este gasto. El mencionado enfoque jurídico se ha plasmado en reciente jurisprudencia del Tribunal de Cuentas que se pronunció en sus resoluciones en materias como el uso de las tarjetas de crédito y la oportunidad de los regalos institucionales.
En fin ,el despilfarro como lo define la Real Academia Española es un gasto “excesivo y superfluo” que se advierte cuando se desvían fondos para satisfacer intereses particulares, y se advierte en muchos casos en los que la realización de actividades de la Administración se ha encargado a servicios externos aunque se disponga de funcionarios propios bien preparados .También en los supuestos en los que una finalidad determinada se hubiera conseguido con menor cuantía económica, o se enajenan bienes a menor precio del tasado oficialmente, que a veces son consecuencia de gestiones relacionadas con tramas de corrupción.
En esta excelente obra se señala un hecho importante. El despilfarro puede aparecer igualmente no solo en el gasto señalado, sino en toda la actividad financiera del Sector Público. Es preciso erradicar cualquier actividad que pueda suponer una salida de fondos innecesaria, cualquiera que sea su importe. Y en cuanto a la corrupción, permanecer en estricta vigilancia para impedir la fuga de fondos destinados a fines particulares o partidistas.
LA AUTORA ES ACADÉMICA CORRESPODIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
