El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves un proyecto de ley con el que la Junta de Extremadura pretende avanzar en el proceso ya iniciado de ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos en todos los ámbitos de la Administración autonómica.
Se trata del proyecto de ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que ha presentado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
La vicepresidenta ha señalado que la administración autonómica “debe ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y que tiene que ser la palanca del progreso de Extremadura en línea con esos objetivos de ambición y coraje que señalaba el presidente de la Junta en el pasado debate del estado de la región”
Asimismo ha recordado que el proceso para afrontar esta nueva forma de actuar por parte de la Administración arrancó en 2010 con la denominada Ley LINCE (Ley para el Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas) y ha continuado con otras normas como las llamadas Ley para una Administración más Ágil (LAMA) y Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS)
Por otra parte, el proyecto de ley aprobado hoy se complementa con el de racionalización y simplificación administrativa que se aprobará en el pleno de la Asamblea de Extremadura el próximo día 14 de julio.
Según ha explicado la vicepresidenta, con estas nuevas medidas legislativas Extremadura pretende situarse como referente de una Administración “determinante” en las decisiones de inversión por parte de las empresas, conjugando la confianza en los ciudadanos y las empresas, y al mismo tiempo el uso más eficiente de los recursos públicos.
Con esta nueva forma de entender la Administración se quiere facilitar el trato con los ciudadanos, aliviar cargas burocráticas y acelerar las respuestas, y además posicionar a Extremadura como región competitiva, capaz de aprovechar las oportunidades marcadas por los desafíos medioambientales y tecnológicos.
Según ha señalado Blanco-Morales, el proyecto ley aprobado este jueves interviene en todos los ámbitos de competencia autonómica en los que es posible avanzar hacia esos objetivos.
Para impulsar la actividad empresarial, se facilita la implantación o ampliación de instalaciones empresariales con impacto en el empleo y en el tejido productivo, mientras que, en materia medioambiental, ordenación territorial y urbanística, refuerza aspectos decisivos para la radicación de nuevas iniciativas emprendedoras en Extremadura.
Blanco-Morales ha llamado la atención sobre la modificación de la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura que, sin perjuicio de actuar contra las viviendas o edificaciones ilegales en suelo rústico, “configura un marco jurídico que hace que el que exista una vivienda ilegal no va a ser inconveniente para la ejecución de otras actuaciones próximas a esa vivienda ilegal con el compromiso de adaptarse a la legalidad de esas nuevas actuaciones”. Y también se regula la exención de parcela mínima para supuestos concretos.
Los cambios introducidos en materia organizativa y de procedimiento suponen la modificación de hasta 9 leyes, ha dicho la vicepresidenta, y todas ellas con las mismas directrices: mayor agilidad administrativa y reducción de trabas burocráticas.
Las medidas sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales flexibilizan requisitos, facilitan el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y agilizan la tramitación de expedientes.
Este texto, al igual que la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, según ha asegurado la vicepresidenta, es consecuencia del trabajo de un gobierno que cree en lo público y que aspira a optimizar la utilidad y calidad de los servicios públicos.
Además, Blanco-Morales ha añadido que el texto aprobado supone una revisión de normas ya implantadas en la Comunidad Autónoma, principalmente a través de 14 decretos-leyes que fueron aprobados durante la pandemia de la Covid-19.
También ha precisado que el proyecto cuenta con los dictámenes favorables del Consejo de Estado. El texto será remitido a la Asamblea de Extremadura, y, en este sentido, la vicepresidenta ha apelado al máximo consenso con los grupos en el trámite parlamentario.
EN TOTAL, 27 LEYES MODIFICADAS
Las modificaciones legislativas afectan a un total de 27 leyes, ha añadido la vicepresidenta.
Por lo que respecta al ámbito de personal y prestación de servicios, se establece la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario y se afianza el reconocimiento del personal investigador del CICYTEX.
En cuanto a la prestación de servicios públicos, con el que se ha operado en la Ley de mancomunidades y entidades locales menores, se atribuye a éstas la gestión y prestación de servicios sociales y medidas contra la exclusión social.
En relación con las medidas tributarias se establece la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento y la eliminación de residuos en vertedero.
Por otro lado, se rebaja el tipo de gravamen que recae sobre el bingo electrónico, y se establece el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
Asimismo, se hace una revisión de tasas en algunas áreas, como Sanidad o Educación, por ejemplo, si bien no están encaminadas a incrementar la presión fiscal sino para adecuarlas a los servicios que se prestan.
Además, el proyecto de ley incluye otras medidas que, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se debieron adoptar con carácter urgente. Por un lado, la bonificación al 99% del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -modalidad de donaciones- a los sujetos pasivos de los grupos I y II; y, por otra parte, en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se cambian los tipos de gravamen correspondientes a vehículos más contaminantes.
