Según ha explicado el presidente de la entidad, Ángel García Blanco, Agroseguro «ha tenido la desfachatez de considerar marzo como un mes normal» y, según informaciones de su organización «intentan que en el mes de abril sólo se declare algo de sequía moderada».
En este sentido, Blanco ha subrayado que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) «son claros y se van a utilizar».
Ha explicado que de las nueve comarcas de Extremadura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) califica de normal tres de ellas, cuatro de seco y tres de muy seco.
Las indemnizaciones que, según Asaja, habría de pagar Agroseguro como consecuencia de la sequía giran en torno a 1,80 euros por oveja para el caso de declaración de sequía normal y de 2,25 euros para el caso de sequía severa».
En el caso del ganado vacuno, «irían desde 6 euros por mes en sequía normal hasta los 15 euros en sequía severa».
Durante unos años el seguro, «aunque con dificultades, ha estado funcionando aceptablemente».
Ahora «se ha presentado la primavera más catastrófica de los últimos cuarenta años», ha expresado Blanco.
En cuanto al procedimiento a seguir, se iniciará un procedimiento individual a través de la póliza de un asociado para que, posteriormente, «se unan todos aquellos interesados».
Igualmente, Asaja instará a la Junta de Extremadura a que se persone en este procedimiento.
Y también se dará traslado al Ministerio de Agricultura para que vigile y sancione a esta entidad, que es «el hazmerreír del sector asegurador», ha criticado Blanco, ya que «nadie se cree los datos de Agroseguro y esperemos demostrar ante la justicia la verdad de la realidad del campo extremeño».
Porque pueden. Agroseguro S.A. opera como monopolio y, contra toda lógica, su seguro es al único que los políticos subvencionan, para que así no pueda existir libre competencia en seguros agrarios en España.
O tragas con lo que quiera esa Sociedad Anónima, la única a la que se le permite asegurar con subvención del Ministerio y la Consejería, o quedas sin asegurar. Y muchos, hartos, es lo que al final prefieren hacer. No hay otra opción en España, con unos gobiernos que lo toleran.