Los ministros de los 28 estados miembros de la UE se han reunido este lunes en Luxemburgo para, entre otras cuestiones, debatir la propuesta de directiva que pretende hacer frente a los «problemas» derivados de las prácticas comerciales «desleales» que se producen en la cadena de suministro de alimentos.
En esta reunión han participado Begoña García, y la directora general autonómica de la PAC, Yolanda García Seco, que han asistido al Consejo en representación de todas las comunidades autónomas formando parte de la delegación española, y han contado con el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas.
Durante su intervención, la consejera de Medio Ambiente ha señalado que esta legislación es «un primer paso», pero «deberían mejorarse algunos puntos», entre ellos, las relaciones comerciales para todos los productos alimentarios «no sólo para los productos frescos», e incorporar a todas las ventas entre empresas, «también en las de un tamaño similar donde pueden producirse abusos».
Por lo tanto, Begoña García Bernal ha sostenido que se debe «seguir trabajando» para incorporar «más aspectos a esta directiva», ampliar el número de prácticas comerciales «desleales» y «frenar las posiciones de dominio de algunos operadores comerciales».
Por otro lado, ha continuado, es «necesario» avanzar «más» en la aplicación de una política común en esta materia, puesto que los productores venden sus productos en todo el territorio europeo, por lo que la «discrecionalidad en la misma puede no garantizar el cumplimiento de los objetivos».
«VULNERABILIDAD» DE LOS AGRICULTORES
El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado en nombre del Ejecutivo comunitario esta iniciativa a los responsables de agricultura de los 28 Estados miembros, cuyo proyecto legislativo destaca la «preocupación» existente por la «vulnerabilidad» de los agricultores e introduce «posibles soluciones» que permitan mejorar su situación.
Además, la propuesta, ha continuado el comunicado, plantea un reparto «más justo y equitativo» de los riesgos, puesto que el objetivo de la misma es que todos los participantes en la cadena de suministro «puedan disfrutar de las ventajas», pero «siempre y cuando también se asuman los riesgos».
Entre otras cuestiones, con esta normativa se pretenden aprobar una lista de prácticas comerciales «prohibidas» como el retraso en los pagos o la modificación de los precios, además de mejorar la coordinación de los Estados Miembros en materia de protección de la cadena alimentaria y el establecimiento de un «sistema de denuncias basado en la confidencialidad».
Por otro lado, los 28 miembros de la UE han podido evaluar durante la reunión la situación actual en relación con la gestión de la «pérdida y desperdicios de alimentos», después de que en junio de 2016 se adoptaran unas conclusiones del Consejo en las que se presentaban una serie de iniciativas destinadas a hacer frente a este problema.
Finalmente, durante la sesión también se ha informado sobre otros asuntos como el papel de la fauna silvestre en la gestión de la sanidad animal y la peste porcina africana, así como los puntos de pesca incluidos en el orden del día, cuya coordinación autonómica asume durante este semestre la Comunidad Valenciana.
