Blanco Morales: habrá sanciones si se incumplen los contratos públicos

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Así lo ha asegurado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a una pregunta de Podemos sobre las cláusulas sociales y mecanismos de control de la Junta de Extremadura en los contratos adjudicados a la empresa Segurex 06.

La consejera ha explicado que las cláusulas sociales son las que recoge la instrucción de 23 febrero de 2016 y que el control se realiza mediante “una supervisión continuada que garantice el cumplimiento de los servicios en el marco de la legislación laboral y en estricto respeto a los derechos de los trabajadores”.

“Por eso, entre otras cosas, fue posible la mediación de la Junta para el acuerdo de 31 de mayo de 2017”, ha añadido la consejera en relación al acuerdo alcanzado en Segurex 06, en el que la empresa “no se descuelga del convenio y se respetan los derechos de los trabajadores”.

Blanco-Morales ha valorado la aprobación de la instrucción del año pasado pues “nunca ha habido un marco jurídico y político más favorable a cláusulas sociales en la licitación pública como lo hay en Extremadura”, que es “pionera” en ello.

Además, ha recalcado que en todos los contratos que la Junta celebra hay “un responsable que supervisa el cumplimiento de los mismos”.

Por su parte, el diputado de Podemos Obed Arnaldo Santos entiende que el de Segurex 06 “solo es un ejemplo de lo que sucede con la mayoría de las contratas de Extremadura como, por ejemplo, limpieza en el SES o lo que pasa con Ecoparques”.

Aunque Podemos reconoce que la resolución a la que alude la consejera es un paso en la dirección adecuada, le parece “insuficiente” pues, según Santos, “sin medidas de control las cláusulas sociales en la práctica se quedan en nada”, y cree que “hasta ahora la vigilancia por parte de la Junta es decepcionante”.

Por ello, espera que en el nuevo contrato de transporte sanitario, con bajas en el precio “un tanto temerarias”, “vigile realmente por el cumplimiento del convenio colectivo”, al tiempo que ha instado a la Junta a asumir la gestión directa de los servicios públicos y no adjudicarlos a empresas privadas.


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