Uno de sus miembros Juan Viera Benítez ha explicado este lunes, día 18, a los periodistas, que algunos miembros de este colectivo han mantenido un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista para pedirles que en los presupuestos regionales para el ejercicio de 2018 se cumplan las cantidades que deben dedicarse a estas dos leyes.
Frente a ello, Viera ha señalado que en dicha reunión han tratado varios puntos en relación a estas dos leyes, así como a otros asuntos, como son la renta básica de inserción, los mínimos vitales, las ayudas a las contingencias, los compromisos con Podemos o el alquiler de la vivienda.
En esta línea, Viera Benítez ha indicado que para la renta básica de inserción presupuestan 46,4 millones de euros, una cantidad que «no se corresponde» con lo establecido en la Ley de Medidas contra la Exclusión Social, en la cual se recoge un total de 86 millones de euros, ha remarcado.
En el caso de los mínimos vitales «ocurre un tanto de lo mismo», según ha considerado, ya que para 2018 se presupuestan 4,7 millones de euros, mientras que lo recogido en la ley es de 12 millones de euros; igual que para las ayudas a las contingencias, en donde el presupuesto es 500.000 euros, mientras que la ley recoge la cantidad de 3 millones de euros.
En definitiva, en relación a lo que se estima para el ejercicio de 2018 y en diferencia en lo establecido en la ley, «la Junta reduce en 41,9 millones de euros» la cantidad destinada a derechos sociales, sin considerar la reducción en alquiler de viviendas, ha criticado.
Esto es algo que, según ha considerado Viera, «no van a consentir» porque «hay que cumplir la ley», ya que es «una responsabilidad ética, política, moral y legal».
Por otro lado, en el caso de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda «ocurre lo mismo», ya que para el 2018 presupuestan 1,4 millones de euros mientras que lo contemplado en la ley es una cantidad de 5 millones de euros.
De esta forma, ha manifestado que «hay que poner en práctica las ayudas al alquiler de vivienda en su conjunto, lo establecido en la ley y al mismo tiempo que vivienda vacías, en manos de instituciones de cualquier tipo, e incluso, de la Junta de Extremadura, se ponga a disposición de familias que lo necesitan», ha añadido Viera Benítez.
En definitiva, Campamento Dignidad exige el cumplimiento de estas leyes, de lo contrario tomarán las medidas que consideren precisas, «incluso recurriendo a una denuncia de prevaricación legal, puesto que es una cuestión prevaricadora el no cumplir la ley».
Este mismo planteamiento será trasladado por el Campamento Dignidad a los Grupos Parlamentarios de Podemos y Partido Popular este martes, día 19.
En cuanto a la respuesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista, esta ha sido, ha señalado Juan Viera, que esperan que en «el proceso de enmiendas se modifiquen estas cantidades».
OTRAS CUESTIONES
Además, durante esta reunión, miembros de Campamento Dignidad también han expuesto al Grupo Parlamentario Socialista otra serie de medidas que favorezcan a «las familias más necesitadas de esta comunidad, que son muchas».
Entre estas exigencias, se recoge la ayuda a las personas desempleadas en el pago de las medicinas, «al igual que ocurre en otras comunidades autónomas».
Finalmente, exigen a la Junta que se tomen medidas en este y otros asuntos, igual que ocurre con otros aspectos donde «sí se toman medidas», como por ejemplo, para la «subida de los altos cargos» del Gobierno autonómico, o para otras actividades de carácter lúdico, ha aseverado.
