Tras dicho encuentro, han solicitado al ayuntamiento que, de manera «inmediata», proceda a su empadronamiento para que puedan tramitar la documentación que les permita acceder a las ayudas sociales y disponga a la empresa Aqualia para que les suministre el agua corriente, apunta el colectivo.
Y es que, «muchas» de estas familias se encuentran en «la precariedad más absoluta, sin recursos materiales de ningún tipo y con unas negras perspectivas económicas a corto plazo», han señalado.
De esta forma, consideran que los ayuntamientos de Extremadura y la Junta de Extremadura tienen la «obligación política y social», como establecen la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para «actuar y facilitar que estas familias superen el estado de enorme precariedad y lleven una vida normal como corresponde a todo ser humano».
Por otro lado, en el caso de las viviendas en la Albuera ocurre «todo lo contrario», ya que el ayuntamiento realiza «presuntas muestras de presión e intimidación sobre las familias para que abandonen los pisos en los que viven».
Así, «no quiere darles un apoyo que los saque de la situación de penuria material en la que se encuentran, lo que pretenden es que se marchen cuanto antes para no causarles problemas», han apuntado.
Por ello, las indicaciones de algunos alcaldes y dirigentes políticos de la Junta son seguidas «al pie de la letra» por ciertas trabajadoras de los servicios sociales de los ayuntamientos que muestran una actitud «poco solidaria y positiva» respecto a los solicitantes de las ayudas sociales.
DETERIORO
Además, Campamentos Dignidad señala que, al igual que ocurre con las vivienda de Suerte de Saavedra de Badajoz, en otras localidad hay viviendas desocupadas que son propiedad de las entidades financieras que «se deterioran con el paso del tiempo», por lo que «deben ser rescatadas por la Junta de Extremadura para ponerlas en alquiler social a quienes las necesitan».
En este sentido, reclaman que, ahora que la Junta de Extremadura ingresa fondos procedentes de la venta de viviendas sociales, estos fondos se destinen a la recuperación de otras viviendas vacías para ponerlas en alquiler social.
Por último, ha recordado a la Junta que en los presupuestos de la comunidad extremeña en 2015 se recogieron a petición del PSOE un millón de euros para «readaptar» los 210 pisos de los Álamos en Mérida, por lo que piden al Ejecutivo autonómico que los intervenga antes de que estén todos «totalmente deteriorados».
