Carrón, PP: El apagón informativo de Vara sobre el covid conculca los derechos de los extremeños

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha advertido de que el apagón informativo decretado por el gobierno de Guillermo Fernández Vara, que conlleva que no se faciliten los datos diarios de contagiados, hospitalizados y fallecidos por COVID-19, conculca los derechos de los ciudadanos extremeños y, además, impide a los medios de comunicación hacer su trabajo y a los alcaldes tomar decisiones en sus municipios.

Hernández Carrón ha calificado la decisión como “absoluto error” y ha manifestado que los ‘populares’ lo consideran una acción injusta, lejos de lo que corresponde en un estado de derecho. Para el GPP, no sólo es un derecho que se publiquen los datos relativos al coronavirus, es también “una obligación” trasladar con transparencia todas esas cifras. Así, ha recordado que está establecido en la Constitución y en diversas leyes sanitarias que los ciudadanos “tenemos derecho” a conocer de forma “precisa y con datos desagregados” la situación de la pandemia.

El portavoz adjunto ha explicado que la Constitución consagra el derecho a la información de interés público, que se desarrolla luego en distintas leyes como la Ley 41/2002 Reguladora de Autonomía del Paciente. Esta establece el derecho a conocer los problemas de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o individual y que la información se difunda en términos “verdaderos y comprensibles”. Asimismo, se ha referido a la Ley 3/2011 General de Salud Pública que establece el principio por el que las actuaciones de salud pública deben ser transparentes.

Hernández Carrón ha subrayado que la Junta de Extremadura está dejando de cumplir una obligación con este “cerrojazo” a la información pública que al GPP le parece un nuevo paso en el hermetismo y la falta de transparencia a la que nos tiene acostumbrados el gobierno del señor Vara. El portavoz adjunto ha avanzado además que el Grupo Popular está ya estudiando posibles acciones judiciales para obligar a la Junta al cumplimiento de la ley. Asimismo, ha manifestado que se presentarán iniciativas en el Parlamento extremeño con el mismo objetivo.

El GPP ha preguntado por qué ahora se ha decidido por parte de la Junta remitir la información a los grupos parlamentarios, excluyendo a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los alcaldes. Y es que la ley marca que, en el caso de riesgos específicos, se le otorga un carácter especial al derecho a la información. Es inadmisible el comportamiento del Ejecutivo de Vara, porque el SES tiene entre sus competencias la de la salud pública. “Los datos son de los ciudadanos extremeños, no de la Administración”.

Además, Hernández Carrón ha reiterado que Extremadura es “la única y la primera” comunidad autónoma que ya no publica los datos diarios de contagiados, hospitalizados y fallecidos. Políticamente es también inadmisible la decisión adoptada por la Junta y por eso ha exigido a Vara “que dé marcha atrás” mientras no haya un consenso en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. “Ha sido una salida de pata de banco de Vara y Vergeles” que han decidido, sin dar explicaciones a nadie, realizar un apagón.

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA LOS ALCALDES

Hernández Carrón ha recordado que no se convoca la comisión covid en la Asamblea desde hace meses, aunque se haya pedido en reiteradas ocasiones. Hoy, de nuevo, el GPP ha instado a Vara a que reactive esta comisión para abordar “precisamente estos temas”, para que nos digan cómo van a informar a las personas, a los medios y a los alcaldes. “No hay nada que esconder, es una información de dominio público y tiene que ser accesible”.

Para el portavoz adjunto del GPP, es especialmente importante que esta información esté disponible para que los alcaldes extremeños puedan tomar decisiones. Así, ha recordado que en el mes de diciembre el consejero Vergeles dirigió una carta a los alcaldes extremeños mediante la que les hacía responsables y competentes para la toma de decisiones sobre fiestas, actos y concentraciones. “¿Cómo van a adoptar medidas los alcaldes si no tienen datos? La información es un instrumento, y ahora se ven abocados a un limbo”.


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