Según han informado fuentes presentes en la declaración, los tres han defendido que el concurso público por el que se adjudicó a la compañía gala un contrato de más de 20 millones de euros cumplió todos los requisitos legales y no hubo ninguna irregularidad.
No obstante, las fuentes consultadas han remarcado que durante el interrogatorio los tres investigados han incurrido en alguna contradicción con respecto a cómo se elaboró el pliego de condiciones del concurso en el que Cofely resultó adjudicataria y si la empresa conocía o no esta documentación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputa al alcalde y los dos concejales de Almendralejo, del PP, delitos de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias por el proceso de licitación, a pesar de que el contrato con la empresa francesa finalmente no llegó a formalizarse.
La instrucción del ‘caso Púnica’ sitúa a Cofely en el epicentro de las actividades presuntamente ilícitas de varios acusados en la trama. En la Comunidad de Madrid, el empresario y presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, ya ratificó ante el juez su intermediación para la multinacional francesa y el pago de comisiones ilegales a alcaldes.
