Asimismo, ha reflexionado sobre la importancia de «incorporar a la visión del impacto de las leyes el coste del despoblamiento, ya que un medio rural despoblado tiene un coste efectivo y un riesgo de pérdidas ambientales y culturales graves».
La presidenta cacereña señala que una de las normas «más criticadas» a lo largo de estos dos días ha sido la que afecta al techo de gasto, que impide a los ayuntamientos y diputaciones saneadas invertir los fondos a su disposición en sus cuentas corrientes.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de la derogación de esta norma y ha añadido que otro espacio normativo en el que hay que influir desde el poder local «es en los fondos estructurales y en los instrumentos financieros de la Unión Europea».
A su juicio, sería importante reformar la Política Agraria Comunitaria «para hacerla más participativa y flexible en su gestión».
Por último, ha recordado que este congreso ha coincidido en el tiempo con la presentación en el Parlamento Europeo (PE) del informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico.
Este informe puede significar un gran impulso, según Cordero, por lo que se ha propuesto enviar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una declaración de apoyo del II Congreso Nacional de Despoblamiento a la aprobación de este informe en el PE
