Vergeles se ha referido a este asunto en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea de este jueves por el diputado del Grupo Popular José María Saponi, en la que interpelaba al Ejecutivo regional por las medidas coercitivas puestas en marcha por el Servicio Extremeño de Salud en aras del cumplimiento íntegro del pliego de condiciones por parte de Ambulancias Tenorio.
Vergeles ha señalado que no ejercerán medidas coercitivas, en el sentido de aplicar «fuerza» o «presión», si bien ha señalado que sí se tomarán las medidas legales a su disposición, así como ha señalado que los incumplimientos del contrato serán sancionados por el órgano de contratación, en este caso el propio SES.
Saponi ha acusado a Vergeles de «manipular la información» para proteger a la empresa con el fin de «salvar su cese», al tiempo que le ha acusado de ser «culpable por omisión», al no haber defendido el cumplimiento del contrato asegurando con ello una «asistencia digna» a los pacientes y a los garantizando las condiciones laborales de las plantillas subrogadas.
Al respecto, ha calificado de «inadmisible» que el SES considere «normal» hechos como que «el transporte programado no tenga capacidad para asumir la demanda», dejando a pacientes «en casa»; que el transporte singularizado se está «incumpliendo», lo que provoca un hacinamiento de pacientes, ha dicho, e impidiendo que sean acompañados por sus familares.
También ha criticado que las unidades de suporte vital básico no estén en funcionamiento o las ambulancias medicalizadas (UME) no tengan el equipamiento necesario, entre otras cuestiones.
SEGUIMIENTO «ESTRICTO»
En su intervención, Vergeles ha aseverado que la Junta está haciendo un «seguimiento estricto» sobre las incidencias relatadas por el diputado ‘popular’ y que «ya no se están produciendo».
Además, ha dicho que se aplicará la ley de contratos para facilitar la mejora del servicio y que, además de la Comisión de Investigación aprobada en la Asamblea, se ha creado una comisión de seguimiento, como así recoge el pliego del contrato, para comprobar el cumplimiento del mismo en cuestiones como las cláusulas sociales, la adecuación de los vehículos, los planes de mantenimiento, así como para evaluar la prestación de los servicios y la calidad de los mismos.
Por último, le ha reprochado que teniendo en cuenta el informe de inspección que recibió en 2014 el anterior gobierno del PP, y para el que «no tenían ni respuesta ni tomaron medidas legales», los ‘populares’ «no son nadie para dar ejemplo en esta cámara sobre el seguimiento de un concurso público».
