Así lo ha avanzado el consejero extremeño durante su comparecencia este jueves ante el Pleno de la Asamblea, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la situación económico-financiera en la que se encuentra la empresa pública.
En su intervención ha justificado la gestión realizada por el actual Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, encaminada a solventar la situación de la empresa pública, que según ha explicado ha estado lastrada por la «inacción» del anterior gobierno del PP, que dejó unos resultados negativos acumulados de 12,2 millones de euros.
«Hemos intentado arreglar la empresa, no buscar culpables», ha señalado Vergeles antes de anunciar el cierre de la empresa pública: «cuando se presenten las cuentas del ejercicio 2017 allá por el 31 de marzo de 2018, esta empresa estará en causa legal de disolución, y este consejero disolverá la empresa».
Cabe recordar además que la Asamblea de Extremadura aprobó el pasado mes de enero la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones de personal en esta empresa, tras una petición también del Grupo Popular que acusaba a la Junta de convertir Gisvesa en una «empresa de contratación de socialistas».
La supuesta colocación de personas vinculadas al PSOE ha marcado igualmente esta la comparecencia en el Pleno de este jueves, en la que asimismo se ha producido un intercambio de reproches entre socialistas y ‘populares’ con respecto a la gestión, durante sus mandatos, realizada sobre Gisvesa.
El diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha respondido a las acusaciones de Vergeles con respecto a los resultados negativos que arrastraba la empresa en 2015 cuando los socialistas recuperaron el gobierno extremeño, que la situación de la misma era «infinitamente» mejor que la que dejó el anterior Ejecutivo de Vara a Monago en 2011.
En la justificación de la solicitud de comparecencia, ha acusado a la Junta de convertir a Gisvesa en una «agencia de colocación» de socialistas y de «tirar la toalla» con respecto al objeto social de la empresa, en tanto que en toda la legislatura no ha acometido ni una sola operación comercial, lo que no ha impedido, sin embargo, que se haya incrementado el gasto en personal.
Asimismo ha acusado a la Junta de falta de transparencia con respecto a esta empresa, en tanto que se han escuchado hasta tres versiones diferentes en función de qué representante hablaba, en referencia al propio consejero, al gerente de la empresa, Lorenzo Francisco de la Calle Macías, y al portavoz del Grupo Socialista, Valentín García.
«Alguien está mintiendo y pone más incertidumbre», ha señalado Sánchez Juliá, quien no obstante ha señalado que los ‘populares’ se quedan con la versión que arrojan las cifras, que reflejan según sus cálculos pérdidas un 330 por ciento superiores en 2017 con respecto a las del año anterior.
Vergeles, que ha agradecido la solicitud de comparecencia para aclarar su gestión y para negar el «oscurantismo» del que le acusa el PP, ha recordado que al inicio de la legislatura encargó una auditora para conocer la situación económica de la empresa para poder «poner orden en el caos» que según ha señalado provocó la gestión del PP.
Según ha señalado, dicha auditoría refleja que durante la pasada legislatura la empresa se encontraba ya en «causa legal de disolución», al tiempo que ha considerado «inexplicable» que los gestores del PP no tomaran ninguna medida.
Por el contrario, ha justificado que el actual gobierno sí ha adoptado el Ejecutivo socialista, en referencia a una reducción de capital de 7,3 millones de euros, o a la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma por importe de 1,6 millones que pretendían inyectar liquidez en Gisvesa, y que fue rechazada por la oposición.
En cuanto al personal de la empresa, ha negado que se haya incrementado la plantilla, que se mantiene en «siete u ocho» trabajadores, si bien ha señalado que las incorporación se deben a las encomiendas de gestión aprobadas para Gisvesa, y que según Vergeles «siempre son solventes» y no suponen ningún incremento en gastos de personal en tanto que conllevan unos ingresos netos del 6 por ciento.
En todo caso, no ha negado que el saldo económico de la empresa no sea negativo, si bien ha destacado que se ha reducido en más de 10 millones de euros en lo que va de legislatura, al tiempo que ha resaltado que las deudas impagadas a acreedores que se mantienen desde el periodo de gobierno del PP, han «estrangulado la liquidez de a empresa y ha generado tensiones de tesorería».
Por todo ello, ha aseverado que el trabajo realizado por la Junta en este periodo ha sido «sanear las empresa y pagar a sus acreedores antes de tomar una decisión sobre la misma».
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Tras escuchar las explicaciones del consejero, Sánchez Juliá ha mantenido su discurso contra la gestión socialista y ha acusado al consejero de ser un «manipulador profesional», cuya estrategia es la de «echar balones fuera» sin asumir ninguna responsabilidad en la situación de la empresa pública, ni en esta legislatura, ni en las anteriores al gobierno del PP.
«Ustedes han vuelto a las andadas». «La única verdad es que quebraron Gisvesa y la han convertido en una agencia de colocación de amigos socialistas y ahora no sabe cómo justificarlo», ha espetado.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos y secretario general en Extremadura, Álvaro Jaén, se ha referido a los continuos informes del Tribunal de Cuentas que evidencian, según ha señalado, la «malas prácticas» de los gobiernos tanto del PSOE como del PP en los últimos años.
En concreto, ha criticado que no se pusieran en marcha los controles de eficacia que contempla el reglamento que regula la empresa pública, y asimismo, ha lamentado que no se plantearan reducciones de plantilla en una empresa que tenía cada vez menos encargos.
Así, criticado que en 2015 se destinara el cien por cien de los ingresos de la empresa a gastos de personal, y que en 2016 incluso se elevara al 120 por ciento.
A su vez, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha criticado que en una situación de «medio quiebra», atendiendo a las propias explicaciones aportadas por el consejero, se hayan aumentado las encomiendas de gestión y que ello se haya traducido en «contrataciones masivas».
Al respecto, ha emplazado al Pleno a determinar la «situación escandalosa» de estas contrataciones en la citada comisión de investigación, donde asimismo investigará si las cifras ofrecidas por el consejero se corresponden con las arrojadas por la auditoría.
Finalmente, la diputada socialista Ana Belén Fernández González, ha defendido la gestión de Vergeles y ha agradecido las explicaciones ofrecidas a la Cámara, al tiempo que ha acusado al Grupo Popular de pretender con esta petición de comparecencia «lo de siempre», que es «desacreditar» al consejero y «atacar a la Junta».
Igualmente, ha defendido el trabajo que realizan las empresas públicas extremeñas que «se encuentran en la diana del PP», como ocurre cuando está en la oposición.
