Hay organizaciones ecologistas que propugnan que los ríos funcionen en su estado natural, y por eso presionan para que se derriben estructuras de presas y embalses que hay construidas en ellos.
En España, estas infraestructuras son imprescindibles, dadas las características climáticas de la mayor parte de nuestro territorio, que presenta una distribución irregular de la lluvia en el espacio y en el tiempo. Esto obliga a tener que acumular agua en los períodos húmedos para utilizarla en los secos. Por esta causa a lo largo de la historia, en España se han construido más de 1.200 presas que son indispensables para poder atender los usos del agua en nuestro país.
Gracias a estos embalses, la regulación natural que en España sería de un 9 % de la pluviometría anual, se eleva de media hasta un 44 %, lo que permite, mediante esta regulación artificial, atender los usos hídricos propios de un país moderno: abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales, usos hidroeléctricos y recreativos como la navegación o la pesca. Además, estos embalses mejoran las condiciones ambientales de las masas de agua, al poder suministrar agua regulada en períodos estivales en los que, en régimen natural, el caudal en muchos de nuestros ríos tiende a cero.
Si se dejaran los ríos sin la regulación artificial de la que disponemos, no podríamos atender los usos de una sociedad moderna y volveríamos a la época de las cavernas, época ideal para los ecologistas, siempre que las limitaciones afecten a otros.
Siempre proclive a la presión y a las teorías de los ecologistas, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Dirección General del Agua, ha dictado una resolución para demoler la presa de Valdecaballeros en la provincia de Badajoz, dando seis meses de plazo a los titulares de la concesión, las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola, para presentar el proyecto de demolición de esta infraestructura, puesto que la concesión otorgada en el año 1982 ha llegado a su fin.
La presa de Valdecaballeros se construyó con vistas a refrigerar dos grupos de una central nuclear, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se ubica sobre el río Guadalupejo, un afluente del Guadiana e inicialmente tenía una capacidad de 70 Hm3. Ante la falta de uso para la central nuclear los ayuntamientos de Valdecaballeros y Castilblanco decidieron abastecerse desde este embalse dada la buena calidad del agua del río y la distancia a las poblaciones. Lo hacen desde una ataguía relacionada con la presa que mantiene una lámina de agua suficiente.
La resolución de demoler esta presa adoptada por la Dirección General del Agua, consideramos que es un grave error y más teniendo en cuenta las nuevas situaciones sobrevenidas relativas al cambio climático, que se caracterizará por períodos de sequía y lluvias torrenciales más frecuentes, y al establecimiento en los planes hidrológicos de caudales ecológicos, que además se consideran una restricción previa a los sistemas de explotación, es decir son prioritarios.
La demolición de esta infraestructura traería bastantes perjuicios y pocos beneficios al interés general, que no ha de confundirse con el interés de algunas organizaciones ecologistas.
La primera razón para mantener esta infraestructura es que habrá de modificarse el abastecimiento de agua a los núcleos de Valdecaballeros y Castilblanco, que se verán obligados a traer el agua de más lejos, cuando no haya agua en la ataguía que será lo más frecuente si se elimina la presa, desde la de García de Sola, siendo este tipo de agua de calidad inferior y más lejana. Por esta importante razón para los intereses de sus pueblos, los alcaldes se oponen a la puesta fuera de servicio de la presa.
La segunda cuestión es que se pierde capacidad de laminación de futuras avenidas aspecto siempre importante para evitar daños personales y materiales. Una función complementaria muy importante de las presas construidas en España es su capacidad para laminar avenidas y evitar o reducir los daños que puedan producirse. Sobre todo, teniendo en cuenta que los expertos en cambio climático prevén una mayor frecuencia de los períodos de lluvias torrenciales.
El tercer aspecto de importancia es que, con su demolición, se pierde capacidad de regulación y teniendo en cuenta que deben suministrarse los caudales ecológicos con carácter prioritario, también se disminuye la garantía para otros usos concesionales que puedan existir en el área, actuales o futuros.
Y por último se modificará el ecosistema actual existente al que se han adaptado diferentes especies de fauna y de biodiversidad vegetal, después de casi 40 años de funcionamiento del embalse.
Es razonable que la Junta de Extremadura haya presentado un recurso contra la demolición de esta infraestructura, cuya permanencia considera beneficiosa para la región. Ojalá prospere e impida que se lleve a cabo este dislate hidrológico.
El Ministerio de Transición Ecológica, ha de defender el interés general de España y no los intereses de grupos ecologistas por muy respetables que puedan ser, y por mucha capacidad de presión que puedan ejercer sobre la administración, de la que a su vez reciben sustanciosas subvenciones que les permiten actuar como lobbies muy potentes.
Si se trata de cumplir ciertas consignas de la Unión Europea, sobre eliminación de estructuras en los cursos de agua, creemos que este no es el camino, puesto que las circunstancias climatológicas de la mayor parte de España no son las que predominan en la Europa central y norte, en donde la regulación natural es muy alta. Y aquí necesitamos toda la regulación artificial posible. Y más teniendo en cuenta los nuevos efectos del cambio climático.
