Denuncian adjudicaciones de la Junta a empresas con convenios “low cost”

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En un comunicado, este sindicato denuncia, en concreto, la adjudicación de un contrato a la empresa canaria Sinergias de Seguridad, que ya anunció el mes pasado su disolución y acumula “un sinfín de denuncias por impagos, que hacen que los vigilantes de seguridad que trabajan para ellos no cobren sus nóminas”.

Además, añade que esta empresa tiene relación con Marsegur, que presta servicio en dependencias como el Ministerio de Defensa, que acumula varios meses de impagos y cuyos trabajadores, al ser subrogados el pasado mes de julio pasaron de cobrar 1.300 euros brutos mensuales, pagas incluidas según convenio estatal de empresas de seguridad, a 880, pagas incluidas en bruto que supone poco más de 700 euros netos.

En concreto, FTSP-USO de Extremadura denuncia que Sinergias de Seguridad ha sido adjudicataria del servicio del Museo de Cáceres y Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso, según este sindicato, que añade que en los próximos días se concretará alguna licitación más de la Junta, en concreto la vigilancia en el III Milenio, que aunque aún no ha sido publicada, ya se le ha comunicado a los vigilantes que allí prestan sus servicios.

Según FTSP-USO, “son vergonzosas” las condiciones que impone a los trabajadores, que van a pasar a cobrar unos 700 euros escasos, como ya vienen realizando en otras licitaciones.

Además, señala que acumulan miles de denuncias, como en el procedimiento administrativo sancionador que tenía abierto después de que la Inspección de Trabajo de Las Palmas detectase una infracción en materia de Seguridad Social y cuya sanción propuesta fue de 172.000 euros.

Este sindicato indica que las prácticas de Sinergias de Seguridad son siempre las mismas: licitar muy bajo, ser la adjudicataria del servicio debido a su bajo precio y, a partir de ahí, no pagar según el convenio colectivo o directamente no pagar nada, como ya ha sucedido en algunos casos.

Desde la FTSP-USO de Extremadura, las adjudicaciones a este tipo de empresas lleva a los trabajadores de seguridad privada, ya de por sí con salarios exiguos, a empezar a temer que o no van a cobrar o cobrarán muchísimo menos, lo que va a llevar al malestar, a la mala calidad del servicio en el plano profesional y a casi rozar la indigencia pese a tener trabajo.

Por ello, pide a la Junta de Extremadura que reconsidere dichas adjudicaciones y las anule, exigiendo que se garanticen los derechos de los trabajadores de seguridad privada que prestan sus servicios en dichas instalaciones.


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